El pleno de la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a que rechace todas las operaciones realizadas en territorio mexicano por parte del gobierno de Estados Unidos al margen de los mecanismos de cooperación binacional.
La petición incluye las operaciones de entrada de armamento desde Estados Unidos hacia México.
El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez (PRD) recordó que el subprocurador norteamericano de Justicia, Lanny Brauer, reconoció que en el 2006 se permitió la entrada ilegal a México de 500 armas de asalto, como parte de la operación “Receptor abierto”, y éstas se suman a las 2 mil 500 del caso “Rápido y Furioso”, en 2009. En total se ha reconocido la entrada a territorio mexicano de unas 3 mil armas.
Mencionó que el director de la División Anticrimen del Departamento de Justicia estadounidense reconoció que 70% de las 94 mil armas recuperadas en México en los últimos cinco años, fueron vendidas en armerías de Estados Unidos y que éstas se han convertido en la principal fuente de suministro para los grupos delictivos.
Lo anterior significa que más de 65 mil armas ingresaron ilegalmente al territorio mexicano con el aval del gobierno norteamericano, estableció el diputado.
"Esta actitud del gobierno norteamericano puede considerarse injerencista y desestabilizadora, porque ha contribuido a incrementar el poder de fuego de los grupos criminales que han rebasado en algunas regiones al Estado mexicano", abundó.
Porfirio Muñoz Ledo (PT) dijo que si alguna función tiene la Secretaría de la Defensa Nacional es justamente la defensa territorial y a ella le corresponde detener el ingreso de armas prohibidas. "Nuestro país -afirmó- es un receptor abierto que recibe todo lo que nos mandan de basura del otro lado; es un hecho extremamente grave".
Por el PVEM, el diputado Pablo Escudero Morales destacó que ante los recientes informes de autoridades estadounidenses sobre el ingreso de armas a México, es el momento de exigir el reclamo, primero a la Secretaría de Relaciones Exteriores y luego a Estados Unidos, para que, incluso, se pueda acudir a algún tribunal internacional "buscando se pronuncie en favor de esta situación que no podemos permitir".
