Piden aprobación. Jóvenes estudiantes sin papeles y grupos activistas de los derechos humanos piden aprobar el Dream Act.
Religiosos, activistas y el periodista José Antonio Vargas, que sorprendió al país al admitir que no tiene papeles, pidieron ayer al Congreso que apruebe una ley que regularizaría el status migratorio de millones de jóvenes.
Los grupos anunciaron que impulsarán un movimiento nacional para defender los derechos de jóvenes inmigrantes que fueron traídos por sus padres al país de forma ilegal cuando eran niños.
"Hay jóvenes que podrían estar trabajando como abogados, doctores, ingenieros y en lugar de eso, viven una especie de vida en la clandestinidad", dijo Vargas, que nació en Filipinas y ganó un premio Pulitzer por artículos escritos para el diario Washington Post. El reportero admitió recientemente no tener autorización para residir en Estados Unidos.
Los activistas organizaron una rueda de prensa ayer para impulsar la aprobación del Dream Act, una propuesta de ley que permitiría regularizar el status migratorio de quienes ingresaron ilegalmente al país antes de los 15 años y cursaron estudios universitarios o se enlistaron en las fuerzas armadas.
Según el Migration Policy Institute, una organización independiente que estudia el fenómeno migratorio, 2.1 millones de jóvenes podrían beneficiarse de aprobarse esta propuesta.
"Este proyecto de ley me permitiría salir de las sombras y proseguir con mi vida", dijo Carlos Vargas, un joven de 27 años que llegó a Estados Unidos ilegalmente desde México cuando tenía cinco.
Vargas se acaba de graduar con honores en la facultad de derecho de St. Francis College pero no podrá ejercer de abogado, aseguró. El joven tuvo que mantener dos empleos mientras estudiaba porque se le negó ayuda financiera debido a status migratorio, explicó.
Grupos como la Coalición de Inmigrantes de Nueva York o la Red Interreligiosa del Estado de Nueva York Para Una Reforma Migratoria señalaron que harán campaña para apoyar el Dream Act introducido por el senador Richard Durbin este verano.
El gobierno estadounidense deportó durante el año fiscal 2010 una cifra récord de 392,862 personas.
Efe
