Organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron al Estado de México esclarecer el crimen del ciudadano guatemalteco Julio Fernando Cardona Agustín, de 19 años de edad, asesinado el pasado 7 de agosto en la zona de vías de Lechería, en Tultitlán, quien fue detenido previamente por policías municipales.
En conferencia de prensa realizada en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en el Distrito Federal, los defensores de derechos humanos también plantearon que ambos gobiernos presenten estrategias que promuevan los derechos humanos de los migrantes, para evitar agresiones como la ocurrida el pasado sábado en Lechería, cuyos colonos se manifestaron frente a la Casa del Migrante San Juan Diego, para exigir su cierre.
Nancy Pérez, de Sin Fronteras, aseguró que la recién aprobada Ley de Migración en nuestro país en principio habla de derechos humanos de los migrantes, pero en el fondo busca la manera de evitar su ingreso a nuestro país y la forma de castigarlos, además de que permite que fuerzas de seguridad participen en su detención.
"Es una política criminalizadora de la migración en el país, relacionada con la política de migración de Estados Unidos", dijo.
Agregó que 80% del flujo migratorio son personas que no acreditan su estancia legal en México y es necesario que los organismos defensores de derechos humanos participen en la elaboración del reglamento de la nueva Ley de Migración.
Martha Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano, dijo que Tultitlán no es la excepción a lo que ocurre en el resto del territorio nacional en relación al trato brindado a los migrantes centroamericanos.
Agregó que el Estado de México enfrenta varios focos rojos, entre ellos el de los feminicidios, la corrupción de las corporaciones policiacas y ahora la xenofobia, sobre todo en la colonia de Lechería, donde se ubica la Casa del Migrante San Juan Diego.
Fabián Sánchez Matus, director de I(dh)eas, Litigio Estratégico de Derechos Humanos A. C., aseguró que la detención es la medida más extrema contra los migrantes y en México es la única.
Juan Rojas, de Insyde, afirmó que México es un país de alto riesgo para los migrantes, que se enfrentan al crimen organizado y a instituciones de seguridad públicas y privadas.
Irineo Mújica Arzate, defensor de derechos humanos, expresó que en cinco días se registraron al menos 10 casos de abusos de policías de Tultitlán contra migrantes.
Mencionó que deben ser castigados los dos policías municipales de Tultitlán detenidos por estar relacionados con la muerte de Cardona Agustín, pues ellos lo retuvieron y posteriormente el migrante fue encontrado muerto.
Durante la conferencia de prensa fue presentado el caso de un guatemalteco y otro migrante extorsionados el pasado lunes por policías de Tultitlán, quienes los detuvieron, maltrataron y despojaron de 500 pesos.
Sánchez Matus dijo que los migrantes buscan nuevas rutas y una de ellas es la de Los Altos, en Chiapas, lo que genera problemas con las comunidades indígenas de la zona, que en algunos casos cobran el paso a los indocumentados.
Añadió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que 400 mil migrantes cruzan anualmente por México y tan sólo en el último año hubo 40 mil desaparecidos.
