Además de ejercer acción penal a los directores por el cobro de cuotas en las escuelas de educación básica, se debería sancionar a presidentes y tesoreros de las Sociedades de Padres de Familia, consideró su representante en la entidad, Miguel Ángel Villanueva.
Dijo que la iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional de imponer cárcel al servidor público que condicione el servicio educativo, es buena desde el punto de vista de que el director no es quien debe estar cobrando las aportaciones ya que no es su obligación, pero aclaró que estas cuotas se fijan en las Asambleas de Padres de Familia y son las mesas directivas quienes las cobran, administran y dan a conocer los montos a los directivos.
Dijo que es necesario elaborar un proyecto para que los recursos recaudados por las mesas directivas se transparenten y los padres tengan la certeza de lo que se hizo con su aportación: levantar un acta de las cifras de dinero que cada año se recaudan y el destino.
"A quienes tenemos que incluir en las demandas penales es a los presidentes y a los tesoreros de las mesas directivas, porque hay fugas en dinero de gente que aprovecha la voluntad de muchos padres de familia", citó. Hay al menos tres casos registrados de desfalcos en instituciones educativas cuyos miembros de la Sociedad de Padres se llevaron el dinero, por lo que concluyó que "si se va a sancionar a los directores, también se proceda legalmente contra los padres de familia".
INICIATIVA DEL PAN ES REDUNDANTE El secretario de Educación en el Estado Jorge Herrera Delgado le dio la bienvenida a la propuesta de regular el cobro de cuotas en las escuelas, pero afirmó que se trató de un pronunciamiento en el Congreso por lo que no hay nada definitivo. "Hasta donde sé no hay iniciativa (...) Por cuestiones no se firmó o no estaba completa y no la metieron, por lo que supongo que se trató de un pronunciamiento solamente". Agregó que ya es una garantía constitucional la gratuidad en la educación por lo que la propuesta sería redundante. Y añadió: "lo que llama la atención es querer llevar al código penal una cuestión como la que ellos plantean cuando se trata de faltas de carácter administrativo".
