La visita a México del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, que asistió el fin de semana a la Convención de Banqueros celebrada en Acapulco, ofrece la oportunidad de comentar el caso de su régimen inspirado en una ideología en acción, que es una extraña mezcla de la izquierda radical y neoliberalismo.
La política del Lula da Silva continúa bajo el gobierno actual de su país en dos ejes principales: la alianza estratégica del Estado con el gran capital internacional y la manipulación de los pobres mediante programas sociales de ayuda orientada al control político electoral de los beneficiarios, muy alejada del concepto acuñado por otro brasileño de mediados del siglo pasado, Pablo Freyre, que interpelaba a los gobiernos de entonces para "enseñar a los pobres a pescar, en lugar de darles pescado..."
Los resultados en Brasil están a la vista; los reflectores se enfocan sobre la alianza Estado-capital, mientras se soslaya la miseria de las favelas y la falta de una política económica y educativa que fortalezca y haga crecer el segmento de la clase media ilustrada, al tiempo que se privilegia la ayuda directa que hace de las masas sumidas en pobreza extrema, un caldo de cultivo de sumisión y control.
Es curioso que este esquema que incluye la asociación de la empresa estatal que controla la explotación de petróleo en Brasil con la finanza global, no reciba las críticas de las organizaciones de izquierda con presencia mundial o local, que en el caso de México han impedido nuestra reforma energética.
Las razones son de estricta conveniencia de grupo o facción orientada al clientelismo político, dada la estrategia de mantener a las masas electorales en el subdesarrollo educativo y la pobreza, y sujetar a la gente a la dependencia del gobierno en turno.
Lo anterior resuelve la aparente contradicción en el caso de Brasil y permite entrever una explicación en el mismo sentido, en la extraña alianza de Enrique Peña Nieto, aspirante a presidente de México por el Partido Revolucionario Institucional, cobijado por los grandes consorcios televisivos nacionales, y Humberto Moreira Valdés, experto en el manejo de una política radical de izquierda, en base a la explotación de la pobreza como eje fundamental de su estrategia de control sobre la gente.
Desde luego que es bueno que exista un acuerdo entre Estado y capital, pero de ninguna manera si esto ocurre a costa de mantener en el subdesarrollo y la dependencia a los gobernados, privándolos en la práctica de sus derechos ciudadanos y haciendo de los pobres materia prima de la operación político electoral.
En otras palabras, la alianza concertada entre Estado y capital para efectos de explotación en detrimento de la clase media y del ejercicio de las libertades y los derechos políticos de los ciudadanos, es un obscuro contubernio que tiende a una dictadura plutocracia, por muy de izquierda que se proclame.
Esta paradoja explica entre otras cosas la iniciativa de Reforma Laboral presentada al Congreso de la Unión por los legisladores priistas la semana pasada, que es un mal refrito de los proyectos presentados por el partido Acción Nacional años atrás.
Lo anterior es comprensible porque el PRI carece de identidad ideológica. El PRI es una revoltura de partidos estatales en busca de su verdadera identidad ontológica, que no es otra que su condición de instrumento político de control del gobierno y por ello, el intento de recrear el viejo sistema de Partido de Estado, hoy día inspirado en el sistema brasileño en el que sólo hay una sopa, porque de facto sólo operan partidos de izquierda, desde la extrema hasta la moderada.
La iniciativa laboral en comento es adoptada por los priistas deformada por el esfuerzo de satisfacer a la multitud de opiniones que sobre el tema campean al interior del tricolor, lo que aún está por verse.
La intención del PRI es simular una voluntad de apoyo a la planta productiva para efectos mediáticos, en tanto que a los panistas sólo les queda apoyar la propuesta priista como un mal menor, que prefieren sobre la inmovilidad total y la falta de acuerdo. El riesgo es que como en otros casos en temas diversos, las reformas que llegan a ser aprobadas resulten híbridas y como tal estériles.
