El agente de la Policía Estatal que hirió a una señora de 47 años y a una niña de 10 en el perímetro del Centro de Reinserción Social (Cereso) número uno tiene responsabilidad de los hechos; por lo tanto, deberá abrirse una investigación por los delitos que se le imputen y el elemento está obligado a reparar los daños, explicó el presidente de la Barra de Abogados de Durango, Gerardo Rojas Favela.
El pasado domingo, al finalizar la hora de visita, a un agente de la Policía Estatal se le disparó su arma; resultaron heridas las dos mujeres. No hay información por parte de las autoridades al respecto.
SIN JUSTIFICACIÓN Gerardo Rojas Favela, quien también es vicepresidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de México, explicó que el elemento judicial es responsable de las lesiones de las dos féminas; no hay cabida para argumentar un disparo accidental que pudiera deslindarlo.
Los agentes de la Policía reciben capacitación en la academia para el manejo de armas; aprenden cuándo deben utilizarlas y cómo portarlas.
Un policía siempre debe poner el seguro a su arma; sólo se lo quita cuando va a usarla.
El elemento sólo utiliza su arma en defensa propia; por ejemplo, no pueden llegar al sitio de una rencilla y disparar sin que antes el agente haya sido agredido.
Un custodio del Cereso también debe mantener su arma con seguro y sólo le es permitido usarla en caso de amotinamiento.
PROCESO LEGAL POR LESIONES A CIVILES Al elemento policiaco se le deberá abrir una carpeta de investigación por los delitos y daños causados.
El responsable deberá cubrir todos los gastos médicos de ambas lesionadas.
El juez determinará si alcanza libertad bajo fianza; de ser así, el dinero será el pago por los daños o los gastos generados por la atención hospitalaria. El depósito es obligatorio para obtener la libertad, recalcó.
Si alguna persona perdiera una extremidad en un incidente de este tipo, el responsable está obligado a emitir una indemnización, la cual se calcula con base en las especificaciones de la Ley Federal del Trabajo.
El juez correspondiente podrá determinar que los gastos por los daños sean solventados en pagos.
La ley también marca que la atención médica se brinde en un hospital público; en la ciudad le corresponde al Hospital General de Durango, o bien, en alguna institución de seguridad social si la víctima es derechohabiente y así lo autoriza.
La atención en el sector privado también es posible si las partes lo acuerdan.
Hay posibilidades de que el agente sea removido de sus funciones, finalizó el presidente de la Barra de Abogados de Durango.
