La forma en que los gobiernos de Coahuila y Durango han arrancado el proyecto de la Policía Metropolitana de La Laguna pone en evidencia varias actitudes preocupantes para el éxito de los proyectos de seguridad en la región.
El Siglo de Torreón presentó la semana pasada las posturas completamente contradictorias de los gobernadores de Coahuila, Rubén Moreira, y de Durango, Jorge Herrera Caldera, sobre la creación de una corporación policiaca que opere en toda la zona conurbada de La Laguna sin la camisa de fuerza que imponen las fronteras de los estados y municipios.
La gran paradoja es que un proyecto de coordinación entre los dos estados no puede arrancar por falta de coordinación entre los dos estados. Como si fuera un juego de “jalar la cuerda”, cada gobernador está tirando para su lado.
La idea de una Policía Metropolitana es sensata y necesaria por la inusual situación geográfica de La Laguna, pero la forma en que los gobernadores abordan el proyecto sugiere desconocimiento o desinterés.
Moreira anunció que su administración ya reclutó y capacitó a 150 agentes para integrar la corporación, aún cuando no existe ninguna reforma legal que los faculte a operar más allá de los límites geográficos, lo cual vuelve irrelevante todo el proceso de selección de los policías.
Por su parte, Herrera Caldera tomó una ruta exactamente opuesta: primero crear el marco legal y luego hacer la selección de los agentes, lo cual resulta más práctico, aunque el gobernador también admitió que todavía no tienen los procedimientos para escoger a los policías que integrarán la corporación.
La forma en que Moreira y Herrera han abordado la creación de la nueva policía también deja entrever que los dos mandatarios ignoran los antecedentes del problema de seguridad en La Laguna, particularmente el hecho de que la Policía Metropolitana ya había sido planteada en 2007 por sus antecesores, Humberto Moreira e Ismael Hernández Deras y el proyecto no llegó a ningún lado por falta de coordinación.
La falta de acuerdo sobre el arranque de esta corporación revela que los dos mandatarios o sus operadores en la materia (llámense secretarios de gobierno o fiscales) no han sido capaces de sentarse a la mesa y trazar una hoja de ruta común sobre los procedimientos a seguir. Si no han podido hacer esto, hay poca esperanza de que realmente puedan producir un esfuerzo coordinado para atacar de manera conjunta el problema de la inseguridad.
