Las llamas alcanzan ya la política. El fuego del casino en Monterrey abrasa la política y la actitud del alcalde del Monterrey, Fernando Larrazábal, incinera a su partido.
De no sancionarse la resistencia de ese alcalde a separarse del cargo mientras se aclara su eventual complicidad en la presunta aunque evidente participación de su hermano Jonás en prácticas de extorsión, en cenizas quedará la supuesta frontera entre el crimen y la política.
La impunidad criminal y la negligencia política serán un binomio a conjugar de muy diversos modos. Podrá hablarse por separado de ellas, podrá hablarse de manera combinada de ellas o, bien, podrá intercambiarse su composición para hablar de la impunidad política y la negligencia criminal.
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Si el atentado criminal en el casino dejó ver las lenguas de fuego de una compleja red de corrupción en los tres niveles de gobierno, el video donde aparece Jonás Larrazábal recibiendo dinero en otro casino derrumbó el discurso oficial que, a lo largo del sexenio, ha pretendido separar al crimen de la política.
El video hace evidente algo que se tenía por sospecha: la extorsión no es una práctica exclusiva de delincuentes oficialmente reconocidos como tales, también la practican funcionarios o familiares de éstos o, peor aún, unos y otros se asocian para tener un brazo político y otro armado para convencer a las víctimas de la importancia de caerse con el dinero.
La impunidad criminal y la negligencia política quedan, así, integradas en un solo binomio cuyo cemento es la complicidad. Hasta ahora, el discurso oficial se empeñaba en crear la idea de que la política y el crimen nada tenían que ver entre sí. El crimen era y es la bestia negra que enfrentaban autoridades impolutas. Es discurso hacia una salvedad, reconocía vasos comunicantes entre ambas actividades cuando los implicados eran adversarios políticos. Ocasionalmente, perredistas o priistas eran señalados, formal o informalmente, como cómplices del crimen. Ahora, con la resistencia a dejar la alcaldía de Monterrey para favorecer la investigación judicial, Fernando Larrazábal ha dejado abierta la puerta de la eventual complicidad e impunidad de políticos panistas.
Desde esa perspectiva, si la dirigencia nacional de Acción Nacional quedó expuesta como un instrumento débil en extremo, incapaz de hacer valer sus directivas, el Gobierno Federal está obligado a encarar el problema desde la óptica de la procuración de justicia para dejar en claro el rol de ese alcalde. Si el partido y su gobierno no reaccionan ante el desplante de Larrazábal, la pérdida de autoridad política y moral recaerá sobre el presidente del partido y el presidente de la República.
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Otro damnificado de la incinerada que Fernando Larrazábal le está dando a su partido es el precandidato oficial, Ernesto Cordero.
Días pasaron sin que el delfín presidencial fijara postura ante a la conducta de los hermanos Larrazábal, a quienes se tenían como operadores de su precampaña en Monterrey. Nada dijo y, cuando finalmente, comenzó a tener pronunciamientos fuertes sobre los vicios políticos, cometió un error. En vez de ver lo que ocurría con los suyos, le resultó fácil criticar la impunidad de Mario Marín, el autoritarismo de Ulises Ruiz y el cinismo de Humberto Moreira. No pasó mucho tiempo para que el dirigente tricolor, Humberto Moreira, vinculara a Cordero con los Larrazábal, y cuando el precandidato albiazul buscó deslindarse de esos hermanos lo hizo mal y tarde.
Una paradoja en todo esto es que los hermanos Larrazábal perjudicaron a su partido y a su precandidato, beneficiando sin querer a sus adversarios políticos. El cinismo de Fernando Larrazábal borró el cinismo de Humberto Moreira y le alivianó las críticas al gobierno estatal, encabezado por el priista Rodrigo Medina. Larrazábal les quitó de encima los reflectores, colocándolos sobre él y su partido. Increíble.
Si el priismo hubiera diseñado esa estrategia para quitar de la picota a los suyos y colocar en ella al panismo, mejor no le sale. A partir del caso del alcalde del Monterrey, los precandidatos panistas tendrán que aventar piedras con mucho cuidado para no lastimarse a sí mismos.
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En todo esto, Acción Nacional cometió un error. Puso en evidencia distintas varas para sancionar a los militantes que incurren en eventuales malas conductas, dejando ver que quienes no están el círculo dorado sí pueden ser castigados.
El caso Larrazábal no es el primero en su tipo. Al gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, Acción Nacional ni por asomo le pidió solicitar licencia cuando su secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca, apareció involucrado con el crimen. Tampoco le pidió al entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, dejar la dependencia en lo que la Suprema Corte investigaba el incendio en la guardería ABC. Y nada dijo cuando Cecilia Romero se mantuvo al frente del Instituto Nacional de Migración, cuando se dio la masacre de indocumentados en San Fernando. A estos últimos no sólo no les pidió solicitar licencia, sino que los incorporó a la dirección del partido en cuanto dejaron su puesto.
En ese punto, el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, hace suya y práctica con júbilo la máxima foxista: "¿Y yo por qué?". Quizá, por eso celebra la decisión que frente a su caso terminó por adoptar la dirección nacional de su partido.
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Lo peor del triste espectáculo ofrecido por Acción Nacional y del cual se cuelga el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, es que no está por terminar... apenas empieza.
Las tragedias o abusos que sufre la sociedad se están tomando como arietes para sacar raja política de cara a la elección. Si eso es grave, más lo es que las indagatorias judiciales comiencen a verse contaminadas por el beneficio político o electoral que de ellas se pretenda derivar. Esa tentación no sofoca, aviva el fuego.
La irritación social provocada por la inseguridad está en su límite, sumar a ella la explotación política del malestar es inaceptable. Lejos de acercar a la ciudadanía a los partidos, la aleja. Irrita y exaspera por igual la impunidad criminal y la negligencia política, como también la impunidad política y la negligencia criminal.
Quién sabe cuál sea el desenlace del espectáculo ofrecido por Fernando Larrazábal y Acción Nacional. Lo evidente, en todo caso, es que las llamas alcanzan ya a la política y, por lo visto, a los políticos les fascina jugar con fuego aunque se incineren.
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