La política recaudatoria del Ayuntamiento de Torreón, es un botón de muestra de lo que nos espera a nivel estatal, con motivo de la pavorosa deuda heredada por Humberto Moreira a los coahuilenses.
Imposible disociar la responsabilidad en ambos niveles de autoridad, estado y municipio, porque el desgobierno de Olmos reducido a la condición de mero encargado carece de identidad política propia y la ciudad está tomada en la mera condición de presa u objeto de conquista.
En una secuencia en la que la realidad supera toda ficción, el secretario de Finanzas del Municipio emprende una cacería indiscriminada que lo mismo apunta a revivir el cobro por derechos de limpieza, al aumento del impuesto predial, al cobro de contribuciones por causas extravagantes como son el traslado de cadáveres o la práctica de actividades deportivas en la vía pública, para culminar en el cobro de derechos por uso de los servicios sanitarios en los edificios públicos.
La actitud evoca al proverbial intento de Antonio López de Santa Anna, once veces presidente de México, por establecer un impuesto inmobiliario, en base al número de ventanas de cada casa.
Es preciso analizar esta política confiscatoria en marcha entre risible y amenazante, a la luz de la desolación financiera producto de la deuda pública moreirista, asociada a la utilización de los recursos como herramienta de control que compra silencios, complicidades y votos electorales, en beneficio de un proyecto que sólo funciona en provecho del grupo en el poder y sus incondicionales.
Las eventualidades que surgen en medio de la quiebra es impresionante: la bancarrota del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento; el parque vehicular destinado a seguridad pública reducido a chatarra y la chatarra desaparecida en medio del pillaje; el sistema de parquímetros saqueado. En suma, la reivindicación histórica de la administración de Mariano López Mercado.
Contrasta el empeño por encontrar fuentes de ingreso, con la nula búsqueda de rendimiento en la utilización racional de los recursos, dilapidados a manos llenas en el pago de promoción de imagen o en servicios personales por nómina u honorarios, a un ejército de aviadores, asesores, operadores, etcétera, cuyo costo creció del año pasado a éste, en el marco de las recientes elecciones locales, en un quinientos por ciento.
No hay arrepentimiento ni luces de rectificación. Prevalece la nómina abultada y el dispendio en el gasto político, se insiste en manejo opaco sin rendir cuentas a nadie, mientras se estira la mano exigiendo recursos a la federación al tiempo que se dan patadas al pesebre, y se carga la mano al sufrido causante, mediante el establecimiento de contribuciones que a pesar de ser ridículas, no son menos dolorosas.
Las previsiones pesimistas sobre la quiebra financiera dadas a conocer por la síndica Luz Natalia Virgil Orona y otros ediles de oposición, que en su momento fueron negadas por el equipo del alcalde, no sólo han resultado ciertas sino que las denuncias quedaron cortas.
Lo peor es que la quiebra financiera corre aparejada al desorden y a la ineficiencia, lo que desmiente la reiterada aseveración del gobierno de Moreira, que pretende justificar la deuda mediante el alegato de la inversión pública productiva y el supuesto bienestar de los coahuilenses que en el primer caso brilla poco y en el segundo caso brilla por su ausencia.
