Los problemas económicos que abruman actualmente a los países desarrollados, en particular sus altos déficit y niveles de deuda pública, que por cierto también han trastornado en otras épocas a las economías emergentes, son fruto de la irresponsabilidad de sus políticos.
La historia es la misma en todos lados. Los políticos, en su afán desmedido por el poder, ofrecen lo que no tienen, reparten lo que no es de ellos, y complican el futuro con promesas inalcanzables, cediendo a las presiones de los grupos de poder, en especial los sindicatos públicos.
El caso más patético en estos momentos es el de Grecia, donde su deuda y déficit público alcanzan dimensiones que la colocan en una situación de insolvencia. Sus políticos fueron extremadamente generosos con el dinero ajeno, ofreciendo programas de jubilación y beneficios sociales muy por encima de la capacidad financiera de su Gobierno.
El problema con esa práctica nefasta de los políticos es que los que más gastan y reparten no son, por lo general, los mismos que tienen que enfrentar las crisis financieras, mientras que los desafortunados que lidian con ellas no tienen el aplomo y la decisión para eliminar muchas de las "conquistas sindicales" y prebendas que forman parte medular de las causas de esas crisis.
La situación se complica, porque generalmente los políticos de los partidos de oposición ni viendo la tormenta se hincan. Por ejemplo, el programa de ajuste de Grecia se aprobó con el voto favorable del partido en el poder, pero no hubo voto de apoyo de los otros partidos políticos.
Grecia, sin embargo, no está sola. Tiene buena compañía. Situaciones similares, si bien no tan extremas, existen en otros muchos países, entre los que destacan Portugal, Irlanda, Italia, España y Estados Unidos (EU).
España, cuya economía está estancada y registra un desempleo del 21 por ciento, será la primera de las naciones con problemas de deuda soberana que tendrá un cambio de Gobierno. El primer ministro, José Luis Rodríguez Zapatero, que hace meses declaró que no buscaría reelegirse, convocó a elecciones generales para el 20 de noviembre, cuatro meses antes de lo previsto.
Las encuestas dan una escasa probabilidad a que el candidato de su partido gane las elecciones. No obstante, los políticos son iguales, sin importar el partido. La oferta de campaña del líder de la oposición, Mariano Rajoy, es que habrá austeridad sin dolor, porque según él, no habrá recortes al gasto social.
Los políticos de EU tampoco cantan mal las rancheras. Ahí fuimos testigos de un estira y afloja vergonzoso en el debate sobre el aumento en el tope de endeudamiento de su Gobierno Federal, que se prolongó hasta casi la fecha límite, y no dejó a nadie contento.
Ni los demócratas ni los republicanos sacrificaron sus vacas sagradas. Los primeros no tocaron las concesiones sociales más costosas, mientras que los segundos se opusieron a cualquier alza de impuestos. Las diferencias ideológicas llegaron a tal extremo, que el ala conservadora del partido republicano (Tea Party) amenazó con la cesación de pagos.
Al final el acuerdo fue una aspirina para una enfermedad grave y sólo pospuso el momento de la verdad. Ésta, por cierto, fue una de las razones por las que la calificadora S&P rebajó la calidad crediticia de los bonos del Gobierno de EU.
En México hemos vivido múltiples episodios de irresponsabilidad política. Desde la época de las nacionalizaciones de las empresas energéticas y la proliferación de entidades públicas, hasta las generosas concesiones a los sindicatos públicos.
Los contratos colectivos de los trabajadores de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), y el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del sindicato de maestros, son fruto de la largueza indiscriminada de gobiernos anteriores, que no tuvieron recato en ofrecer beneficios generalizados sin contar con los medios para financiarlos.
Cada nuevo Gobierno le saca a la vuelta a un enfrentamiento con los grupos de poder, si bien en algunas ocasiones las condiciones económicas los orillan a actuar, como fue el caso del Presidente Zedillo en la crisis de 1995, cuando el alza del Impuesto al Valor Agregado fue aprobada sólo por su partido político.
Otro ejemplo es el presidente Calderón, quien optó por la desaparición de LFC, pero dejó todo lo demás pendiente para que la "bomba" financiera en las finanzas públicas le estalle a alguien más en el futuro.
Como en otros lados, tendremos que esperar a que nuestros graves problemas como la inseguridad y el bajo crecimiento económico se vuelvan críticos para que los políticos, una vez acorralados, reconozcan la necesidad inmediata de enfrentarlos y procuren encontrarles soluciones, si bien con la oposición de los que no estén en el poder.
