El Consejo de la Judicatura Federal aprobó aplicar medidas más rigurosas para investigar y dar seguimiento a la situación financiera de sus servidores, así como de los juzgados y tribunales federales, para prevenir y detectar casos de enriquecimiento ilícito.
Las medidas, adoptadas mediante el Acuerdo General 10/2011, contemplan la revisión del patrimonio y de la situación bancaria de los consejeros y del ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El objetivo es garantizar que la situación económica de los integrantes del CJF, jueces y magistrados federales corresponda al nivel de sus ingresos.
La revisión y seguimiento de la situación patrimonial "permitirá detectar evidencia o indicio de un posible enriquecimiento ilícito o de ingresos cuyo origen no puedan comprobar", destacó.
El órgano administrativo determinó establecer las bases para solicitar información sobre registros bancarios y situación financiera cuando así se requiera, sin perjuicio que el pleno del CJF, en el ámbito de su competencia, instituya algún otro mecanismo mediante el cual puedan verificar los recursos económicos y situación financiera de los servidores públicos.
