El posible robo es una de las líneas de investigación que sigue la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en el asesinato de las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, cuyos cuerpos fueron hallados ayer jueves en un predio de Iztapalapa.
En entrevista con Carmen Aristegui, en la Primera Emisión de MVS, el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, señaló que Rocío Gónzalez Trápaga se desempeñaba en una actividad empresarial vinculada con una casa de cambio, ubicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y se ha referido que la tarde-noche del miércoles 31 de agosto se realizaron transacciones "considerables".
Afirmó que habrá que esperar a que el representante legal de la casa de cambio comparezca para conocer todas las operaciones de ese día.
Miguel Ángel Mancera señaló que después de una plática que sostuvo con Miguel Badillo, director de la revista Contralínea, se reafirmó que Marcela Yarce estaba dedicada el área de Relaciones Públicas y no estaba encomendada a ningún tipo de trabajo periodístico en concreto. Así como que no existía, hasta donde se sabe, amenaza previa.
Detalló que tras estar en el servicio forense, se concluyó que la muerte se debió a un mecanismo de asfixia, aplicado con una soga, y posteriormente se dieron un par de disparos, "aparentemente de un calibre bajo", realizados de manera cercana a la muerte.
Reveló que las mujeres no presentaron golpes, ni "huellas de tortura en ninguna parte del cuerpo", dijo.
Mancera recalcó que se aplica el protocolo especializado para feminicidios, y no se descartará ninguna línea de investigación.
