El financiamiento del crimen organizado a las campañas electorales no está acreditado en el país, pero hay elementos para suponer que pudiera estar presente, dijo Oswaldo Chacón Rojas, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política.
Luego de presentar su libro 'Dinero del crimen organizado y fiscalización electoral', señaló que lo que se tienen son presunciones, ataques mediáticos de los propios políticos y supuestos informes de inteligencia, pero hasta ahora no hay pruebas plenas.
Aclaró que es muy distinto hablar de vínculos del crimen organizado con políticos, lo que quizás sí se puede acreditar; pero dinero de esos grupos en las campañas políticas es muy difícil comprobar, y hasta ahora no se ha hecho pues ese dinero que no deja huella ni rastro.
El también doctor en Teoría Política por la Universidad Autónoma de Madrid, España, manifestó en entrevista que México no ha llegado al caso de otras democracias que terminaron siendo secuestradas por esta situación, como en su momento lo fue Colombia.
Sin embargo, Chacón señaló que no se puede obviar que los elementos estructurales del mercado del financiamiento ilegal en México están presentes.
Asimismo están dadas las condiciones para que haya demanda de fondos por parte de los políticos, pues las campañas son cada vez más costosas a pesar de las últimas reformas en materia electoral, resaltó.
También, dijo, están dadas las condiciones para que los grupos delincuenciales oferten fondos, sobre todo cuando enfrentan un combate frontal desde las instituciones del Estado, y de ahí que buscan blindarse y garantizarse impunidad para ellos y su negocio.
Más adelante, reiteró que la presencia del crimen organizado en las campañas electorales es sumamente difícil de acreditar, y hasta ahora no se ha podido comprobar, ya que se trata de dinero en efectivo, al margen de los registro contables de los partidos y de las cuentas bancarias.
Resaltó que en la medida en que las elecciones son cada vez más competidas y que los políticos buscan tomar ventaja o adelantar con mucho tiempo su proselitismo en aras de adelantar una candidatura tienen el incentivo de demandar fondos.
Uno de los principales elementos disparadores del gasto es la televisión, de ahí la reforma electoral de 2007 cuyo incentivo fue reducir el costo de las campañas y el tiempo para su desarrollo.
Sin embargo, resaltó, en 2009 se pudo observar que se mantuvieron negociaciones de los partidos y candidatos con empresas de radio y televisión, pero sin reportarlo a la autoridad electoral, por lo que se generó una especie de mercado negro sobre todo con publicidad disfrazada.
Finalmente, dijo que el principal desafío es fiscalizar los fondos que no se encuentran en las cuentas bancarias y que se destinan para la compra de espacios de propaganda disfrazados en radio y televisión, así como a la movilización de votantes.
