N O cabe duda de que ignorar las cosas, sobre todo las malas, o fingir que las ignoramos nos provee de un cómodo capelo para defendernos a la hora de las cuentas: yo no sabía, no me percaté, no me lo imaginaba, nadie me dijo, pensé que así son las cosas... A diario manejamos este tipo de argumentos para sentirnos inocentes ante las injusticias que se cometen a nuestro alrededor, abusos de cualquier autoridad -sea pública, laboral, escolar o doméstica-, la proliferación de delitos y violaciones a la ley, la criminalidad flagrante y una cada vez más común impunidad. Vieja práctica repetida desde que Adán y Eva responsabilizaron a la serpiente por haberlos engañado -una directamente, el otro endilgando la culpa a su mujer- aunque ambos supieran bien que no debían comer el fruto prohibido, hasta hoy, cuando cualquiera roba lo que no le pertenece -una cachucha, un reloj, una computadora, un auto, una casa, una vida o la oportunidad de vivirla en libertad- sólo porque están ahí, al alcance de la mano (de la ganzúa, de la pistola o del testimonio irresponsable que condena), como abandonados, sin dueño y sin más función que ser tomados por el primero que los ve. "No sé quién lo puso ahí" -dice el niño que trae en su mochila un lápiz que mamá no le compró-, igual que el adolescente que escucha música en un I Pod que tampoco le compraron en casa o presume un celular que sabrá Dios de dónde sacó. La mamá tampoco sabe cómo esas cosas fueron a dar a manos de sus hijos, pero escudada en su ignorancia, las deja pasar, alimentando una costumbre que, a fuerza de repetirse, se fortalecerá y echará raíces en el niño, la niña, el adolescente y el joven, que más pronto que tarde serán delincuentes activos, sin que la familia logre explicarse en qué momento falló o qué extraño gen es ése que lleva a los hijos a delinquir, cuando siempre se les ha dado atención, amor y complacencia.
En muchas instituciones pasa lo mismo: los responsables de algo se enteran de que lo son únicamente cuando ese algo genera problemas. Comienza entonces el interminable juego de la papa caliente, buscando a quién echarle la culpa: si el edificio se cayó, el dueño acusa al constructor, quien responsabiliza al arquitecto; éste, al proyectista; aquél, a los obreros; los obreros, a los materiales, al clima, a la mala suerte, y así sucesivamente, hasta formar una agotadora cadena a cuyo final no hay nada. Quien investigaba se queda en el camino, cansado, y quien promovía la investigación también, además de consumir sus recursos y la ilusión de ver la luz al final del túnel, pues acaba perdiéndolo todo.
Pensemos en la guardería ABC de Hermosillo o en Pasta de Conchos, en Luis Donaldo Colosio o en la niña Paulette, en la contaminación de los mantos acuíferos de la región y el obligado consumo de agua con arsénico de los laguneros o en cualquier otro ejemplo, grande o pequeño, público o privado, y vamos buscándole común denominador a las causas por las que las investigaciones no llegaron a nada y por las que (todavía) no se hace justicia: vacío de información, desconocimiento, ignorancia. No se trata sólo de los saberes académicos cuya deficiencia arrastra México como un lastre insostenible, imposibilitado para crecer y competir, para aprovechar sus riquezas y convertirlas en bienestar y progreso. Hablo aquí de esa otra ignorancia por la que toleramos el delito y que cada día nos sirve de pretexto para no resolver problemas. Esta ignorancia cómoda que nos hace cómplices de males terribles que destruyen a nuestra sociedad y hacen polvo la existencia y el prestigio nacional.
Como usted sabe, por semanas se ha librado una peculiar batalla que involucra a la Segob, a las salas de cine que exhiben "Presunto Culpable", el documental realizado por los abogados Layda Negrete y Roberto Hernández, y al orden judicial federal. Primero, la juez Blanca Lobo prohibió la proyección de la cinta; luego revocó la orden y autorizó su exhibición acatando leyes relacionadas con libertad de expresión, cinematografía y derechos humanos y a la información, y más tarde la condicionó a modificaciones como la difuminación del rostro del testigo que, en diciembre de 2005, incriminó y por cuyo testimonio fue condenado -hoy sabemos que injustamente- José Antonio Zúñiga Rodríguez. La jurista basa su dictamen en el daño moral que la película ocasiona al testigo, quien no autorizó la exhibición de sus intervenciones en el juicio filmado.
No referiré detalles de este asunto, porque mi espacio es limitado y cualquiera que desee enterarse encontrará la información que quiera en los numerosos sitios de Internet que registran el caso desde que se ventiló en nuestro país (dos años después de que fuera conocido y galardonado en otras partes del mundo). Pero sí se pretende tener una noción mínima de lo que ocurre con los procesos penales en México, creo que Presunto Culpable es una referencia indispensable. Sin importar la censura que inicialmente se le impuso, ni que ahora se pretenda alterarla, millones de personas la hemos visto -ojalá podamos decir que todos- y su efecto, aunque nos avergüence, es irreversible: ya no podemos fingir ignorancia ni aceptar el método ni los recursos con que se aprehende y/o se libera a inocentes y culpables, al margen de la justicia y de la ley. Si algo revela este documento, es que los mecanismos que mueven la rueda de la justicia son defectuosos e inoperantes, que su obsolescencia es grave, que los presuntos culpables se encuentran a merced del capricho, la alevosía, la incompetencia y la mala fe de quienes los procesan y los juzgan a partir de investigaciones mañosas, apremiados por cubrir cuotas que justifiquen su labor y las de sus superiores, sin que importe para nada la búsqueda de la verdad y la consecución de la justicia. Lo trágico es que este caso no es una excepción, sino pequeñísima muestra de un abrumador conjunto de situaciones presumiblemente similares. Las condiciones en las que se llevan a cabo los juicios de supuestos delincuentes que ahora nadie puede asegurar que lo sean, dada la evidencia de falsos testimonios inducidos por la Policía, la omisión deliberada de pruebas contundentes, la felonía y el cinismo de jueces y funcionarios ministeriales, así como el altísimo porcentaje de sentencias condenatorias que resultan de los mismos, exigen mínimo un gran reclamo, una revisión profunda que deje fuera a los artífices de esta maraña de corrupción y una reforma inmediata. No es posible que policías, agentes del ministerio público y jueces "aseguren su chamba" arrebatando la libertad a inocentes que jamás tendrán la oportunidad que tuvo Antonio Zúñiga, ni que sigan liberando a delincuentes reales, asesinos conocidos y probados, pero con suficiente poder económico para comprar testimonios y dictámenes judiciales y que, exonerados sin pisar las cárceles, continúen delinquiendo sin ninguna preocupación.
Quisiera pensar que este es un árbol en un bosque de casos distintos que se atienden y resuelven conforme a derecho y en cumplimiento del más elemental sentido de justicia, pero me temo que no es así. Nadie en su sano juicio y con una pizca de respeto por su vida se atrevería a exhibir una situación como la de Presunto Culpable si tuviese la mínima sospecha de que la información es falsa. A través del tiempo hemos preferido mantenernos engañados, suponiendo que las cosas se hacen bien, cuando intuíamos -ahora lo sabemos- que no es así. La integridad del Poder Judicial está en entredicho y así seguirá mientras, entre otras cosas, no se establezca como principio jurídico la presunción de inocencia (en vez de la de culpabilidad) y que conforme a ello actúen jueces moralmente responsables y dignos. En reciente entrevista con medios de comunicación el presidente del Tribunal Superior de Justicia del D.F., Edgar Elías Azar lamentó que el documental ensuciara por parejo a todo el poder judicial, pero él mismo adelanta la solución: "Ahora es necesario revertirlo, ganando la confianza de la ciudadanía mediante un sistema de impartición de justicia que vaya de la mano de la reforma judicial en marcha". Esperemos que así sea.
