Una hacienda pública precaria no hace milagros, y la hacienda pública mexicana, en el mejor de los casos, sólo da para contribuir a la estabilidad. En el status quo no importa qué partido político esté en el poder y cuál esté en la oposición, simplemente cuando se tiene un Estado que no ha logrado superar su limitación de recaudar poco de muy pocos, los márgenes de maniobra de los que dispone un gobierno son muy estrechos.
Seamos francos, el gobierno mexicano tiene con qué para hacer un poquito más mientras crece la economía de Estados Unidos, la cual estimula a nuestras actividades productivas, y cuando los precios del petróleo son altos. Con volatilidad financiera en los mercados y una economía global en desaceleración, es como pretender subir una cuesta muy empinada con un vehículo con escasa potencia y mal combustible. De bajada, hasta las calabazas ruedan.
Por ello, no se puede esperar mucho del paquete económico para el ejercicio fiscal de 2012, el último que presenta la administración del presidente Calderón que entregó Ernesto Cordero como secretario de Hacienda y Crédito Público, antes de dedicarse de lleno a buscar la candidatura del PAN a la Presidencia.
Con ese paquete fiscal la mejor opción al alcance es ser responsable, esto es que las finanzas públicas no se constituyan en un factor de inestabilidad que paguemos con creces en los años posteriores. Para quienes consideren que es el momento para expandir el déficit fiscal, esto es que el gasto supere a los ingresos públicos, incurriendo en endeudamiento gubernamental para aplicar una política contra-cíclica más agresiva, se va a encontrar con la sorpresa de que ya se le adelantaron.
Si bien al consolidar las finanzas del Gobierno Federal con las entidades paraestatales como Pemex y CFE -claro, descontando la inversión de Pemex-, están prácticamente en equilibrio. Este ligero déficit del sector público, que representa el 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB), contrasta con la verdad de que el Gobierno Federal requerirá, para cerrar el ejercicio fiscal de 2012, tanto de un endeudamiento neto por 365 mil millones de pesos (mmp), como de dejarle adeudos a la próxima administración, vía los Adefas, por la cantidad de 27.9 mmp.
En este contexto, el presidente Calderón está solicitando al Congreso de la Unión, a través de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, un endeudamiento neto para el Gobierno Federal por 395 mmp, que equivale a 2.6% del PIB. Podría parecer poco, pero si tomamos en cuenta que además el Gobierno Federal recibirá 760 mmp por concepto de derechos sobre hidrocarburos, esto es ingresos no recurrentes que provienen de la extracción de petróleo y gas natural, las cosas cambian. Estos ingresos, que al destinarse a cubrir servicios públicos, subsidios y transferencias por pensiones, son recursos que se le quitan a las futuras generaciones.
Este es un claro resultado de la mezquindad de la política mexicana de nuestros tiempos con un mensaje aterrador: futuras generaciones, no sólo les dejamos más deuda pública, la cual se acumula a los 3.8 billones de pesos , sino que además haremos uso de un activo para cubrir lo que corresponde pagar a las generaciones actuales con impuestos.
Ver el endeudamiento público de manera aislada de lo que le sucede al patrimonio del país es una gran irresponsabilidad. Así lo hemos hecho desde hace más de 30 años. Más aún, es lamentable que las finanzas del Gobierno Federal en el 2012 tengan que pagar parte de los 273.7 mmp del costo financiero con endeudamiento. En efecto, de aprobarse el paquete económico en sus términos, el balance primario del Gobierno Federal tendrá un déficit de 120 mmp.
Habrá pasado otro sexenio sin que el Estado pueda consolidar su hacienda pública, esto es que el gobierno disponga de la capacidad financiera para concretar las obligaciones que nuestra Constitución marca. Difícilmente con el presupuesto público se puede transformar la realidad de un país, pero se puede aún menos cuando la estructura de impuestos es insuficiente para cubrir la factura de los principales servicios públicos. Así el Estado mexicano continuará vulnerable a que poderes fácticos y crimen organizado sigan haciendo de las suyas.
