El Senado de la República se alista para aprobar en los próximos días una reforma a la Constitución con la que pretende evitar excesos en el endeudamiento de las arcas públicas de los gobernadores y munícipes.
De acuerdo con el dictamen de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, del que se tiene copia, los gobiernos estatales y municipales, incluyendo sus organismos descentralizados, entidades y empresas públicas, no podrán contraer o renegociar obligaciones, empréstitos o cualquier otra forma de deuda, a menos que cumplan con ciertas condiciones.
En el texto se establece que sólo tendrán acceso a créditos cuando existan emergencias legalmente declaradas y con la finalidad de que los recursos se destinen a inversión física de beneficio para la comunidad, cuya vida útil sea igual o mayor al plazo de la deuda.
Ayer se publicó que la deuda pública de los estados, cercana a los 50 mil millones de pesos, se convirtió ya en un foco de alarma para calificadoras, especialistas y el propio Gobierno Federal.
Otro requisito que deberán cumplir es que el endeudamiento haya sido previamente autorizado por la mayoría calificada del Congreso local, tanto el monto como el destino de los recursos.
Las deudas sólo podrán contratarse de acuerdo con las proyecciones que realicen peritos calificados y siempre y cuando el conjunto de los pasivos no excedan la cuarta parte de los recursos que los estados y municipios tengan disponibles para inversión.
Además, se faculta al Congreso de la Unión para emitir una Ley Reglamentaria en materia de endeudamiento de estados y municipios.
La reforma a la Constitución para frenar el endeudamiento de los estados fue presentada en octubre de 2010 por el senador del PAN, Fernando Elizondo.
En la exposición de motivos, los legisladores de ambas comisiones que dictaminaron la iniciativa reconocen que a partir de 1995 los estados han incurrido en sobreendeudamiento críticos que han obligado al Gobierno Federal a rescatar a varias entidades.
Además, advierten sobre el riesgo que representa que las participaciones federales se hayan convertido en garantías o fuentes de repago segura para los acreedores.
"El hecho de que la garantía con participaciones federales reduzca a un mínimo el riesgo para el acreedor, no reduce los efectos catastróficos que puede tener para la entidad, el verse privada de una parte sustancial de sus ingresos y no tener recursos con qué pagar su gasto corriente", establece.
Para saber
Lo que dice la reforma.
⇒ Se faculta al Congreso de la Unión para emitir una Ley Reglamentaria en materia de endeudamiento de estados y municipios.
