Sin colocarse aún en la mesa la propuesta del presidente Felipe Calderón para profundizar la participación privada en Petróleos Mexicanos vía la colocación de acciones en el mercado bursátil, la oposición priista y perredista en el Senado prepara una controversia constitucional para frenar un intento previo. Estamos hablando de "concesionar" a particulares la distribución de las gasolinas y diesel a la red de establecimientos que mantiene la empresa pública, lo que implicaría la creación de una o varias compañías en calidad de intermediarias.
Estas le facturarían a la paraestatal y le cobrarían a las gasolineras, en cuyo caso se les está requiriendo a éstas firmar un nuevo contrato de franquicia. El plazo otorgado a los nueve mil 456 establecimientos ubicados en el país para aceptar el nuevo status, vence el próximo 30 de septiembre.
El arranque de la "estrategia" para darle la vuelta a una disposición constitucional por la vía de un simple acuerdo administrativo, surgió con la expedición, el 5 de abril de 2010, de una serie de disposiciones administrativas para la regulación de ventas de primera mano destinadas al mercado nacional, con la firma de un funcionario menor.
Estamos hablando del director de Desarrollo Industrial de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Guillermo Ignacio García Alonso.
El documento sería publicado el 12 de abril en el Diario Oficial de la Federación. La exposición de motivos señalaba que la Secretaría de Energía está facultada para "expedir reglas aplicables a Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para ventas de primera mano de petrolíferos distintos del combustóleo, de los petroquímicos básicos y del gas destinado al mercado nacional". Derivado del documento, en octubre del año pasado se inició una presión para que los franquicitarios firmaran un nuevo contrato ateniéndose al nuevo marco previsto, lo que hizo reaccionar a la oposición legislativa.
El nuevo escenario planteaba que Pemex se obliga a enajenar los petrolíferos a los particulares para su comercialización. Así de fácil se abrió la rendija.
En ese mismo mes, bajo la firma del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, se planteó por primera vez la posibilidad de plantear una controversia constitucional ante la Suprema Corte, objetando la jugada que en el papel parecía burda, iniciándose la primera fase con un reclamo a la Secretaría de Energía.
El texto señalaba que la alternativa que se empuja viola los Artículos 20, 21, 28 y 73, fracciones X y XXI de la Constitución, por lo que de aplicarse se le fincarían responsabilidades al director general de la empresa pública y al director de Pemex Refinación. Más al detalle, la fracción IV del Artículo 28 de la Constitución señala que la distribución de los combustibles sólo puede ser desarrollada por el Estado a través de organismos públicos descentralizados sujetos a su propiedad y control absoluto, a fin de evitar que se generen distorsiones en el mercado. Imagínese usted si en la fase previa a un incremento en el precio de las gasolinas la empresa o empresas responsables del abasto a las gasolineras le cierran la llave a éstas para incrementar su ganancia.
La vela en el entierro del Congreso se finca en que la Secretaría de Energía usurpa sus funciones al pretender modificar leyes bajo el marco de un simple acuerdo administrativo.
El escenario obligó a la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros que encabeza Juan Pablo González Córdoba, a recurrir al amparo para no firmar el nuevo contrato de franquicias.
El asunto ha sido retomado hoy por un conjunto compacto de senadores priistas y perredistas encabezados por el presidente y el secretario de la Comisión de Energía, Francisco Labastida Ochoa y Graco Ramírez, quienes recopilan firmas para apoyar una controversia constitucional ante la Suprema Corte.
Una más en la obstinación del Gobierno de colocarle el SA a Petróleos Mexicanos, en este caso por la vía más absurda.
BALANCE GENERAL
Las evidencias señalan que en afán de quedar bien con los inversionistas multinacionales desde el mismo centro financiero del planeta, el presidente Felipe Calderón lanzó globitos al cielo sin ninguna esperanza de alcanzar la luna.
De entrada, si no hay consenso para aprobar reformas que reclaman sólo el voto de una mayoría simple en el Congreso, menos las habrá para la mayoría calificada, es decir dos tercios del pleno, exigida para una reforma constitucional.
El Gobierno no tiene vocación para sembrar acuerdos.
Y si le seguimos, no habría mercado en el planeta que permitiera una colocación accionaria de una empresa en quiebra técnica, por más que Petróleos Mexicanos sea la firma número uno en el país. De hecho, en el escenario el propio Gobierno, léase la Secretaría de Hacienda, ha frenado la posibilidad, aprobada por la Ley, de los llamados bonos ciudadanos que le darían participación indirecta al público en el capital de la paraestatal.
La ocurrencia, pues, estaba de antemano condenada al naufragio, por más que le lave la cara al Ejecutivo frente a los dueños del capital.
"Por mí no queda".
CONTRATO A SEMPRA
Sin haberse librado aún de las acusaciones de provocar un desequilibrio ambiental con la instalación de su colosal planta de regasificación en Ensenada, lo que motivó su clausura, la empresa estadounidense Sempra ya tiene frente a sí un jugoso contrato de la Comisión Federal de Electricidad para suministro de gas natural.
Hete aquí que la paraestatal acaba de anunciar la construcción de una nueva central termoeléctrica en la zona, con capacidad para generar 450 megawatts de energía eléctrica.
La planta sería alimentada con gas natural. Naturalmente, el proveedor de éste será Sempra, lo que apuntalará su permanencia en el lugar.
La inversión prevista es de 250 millones de dólares.
OMA sí... pero no
Dueña de 59% de las acciones del Grupo Aeroportuario del Centro Norte, el grupo ICA reconoce que existe interés de algunas empresas en comprarle una parte del capital, aunque hasta hoy con ninguna de ellas se está negociando en firme.
Más aún, se sostiene que en ningún momento se ha planteado traspasar las acciones de control... por más que éstas pudieran pasar a otras manos... si le llegan al precio.
El grupo aeroportuario, conocido como OMA, integra a 13 terminales, cuya joya de la corona es Monterrey, por más que en el ramillete están también destinos turísticos como Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo.
Dueña de un tercio del paquete de control, la constructora encabezada por Bernardo Quintana ha ido acumulando valores de la serie B que se colocaron en los mercados internacionales por el 85% del capital.
