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Promulgan ley contra indocumentados en Alabama

AP

El gobernador de Alabama, Robert Bentley, promulgó el jueves una ley que endurece en gran manera las disposiciones contra los indocumentados.

El documento permite a la policía detener a cualquier sospechoso de ser un indocumentado si es interrogado por cualquier otro motivo. Además, exige a las escuelas públicas determinar la situación migratoria de los alumnos y considera un delito transportar a sabiendas a un indocumentado. Las empresas de Alabama también deben aclarar ahora si cualquier empleado nuevo reside legalmente en Estados Unidos.

Bentley, republicano, dijo que su campaña electoral se basó en crear un proyecto de ley contra la inmigración ilegal lo más duro posible. Pronosticó que la nueva ley pasará la prueba de su constitucionalidad ante los tribunales.

Grupos activistas como la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles y el organismo Southern Poverty Law Center concordaron en que la nueva ley es la más dura de su tipo en todo el país, pero advirtieron que acudirán a la justicia para que sea anulada.

La directora del departamento legal del Southern Poverty Law Center, Mary Bauer, sostuvo el jueves que espera que sea incoada una demanda antes de que la ley entre en vigencia el primero de septiembre.

"Es claramente anticonstitucional. Es rastrera, racista y creo que una corte la invalidará", dijo Bauer.

El patrocinador en la Cámara de Representantes, el republicano Micky Hammon, dijo que la ley fue redactada de tal forma que si alguna de sus partes es considerada anticonstitucional o que viola la ley federal, el resto permanecerá.

La legislación de Alabama se parece a una ley aprobada en Arizona, donde un juez federal suspendió el año pasado algunas de sus cláusulas tras una demanda del Departamento de Justicia. Un juez federal de apelaciones refrendó el fallo y la gobernadora de Arizona Jan Brewer prometió apelar ante la Corte Suprema.

Georgia aprobó igualmente este año una ley para combatir la inmigración ilegal, y los grupos activistas de los derechos civiles incoaron una demanda para intentar derogarla.

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