El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República, Arturo Escobar presentará una iniciativa con el que busca castigar con "cadena perpetua" a los secuestradores, homicidas y terroristas.
Escobar y Vega expuso en su documento que es "necesario, oportuno e impostergable" el establecimiento de la prisión vitalicia en nuestro sistema penal de impartición de justicia para el caso de tres delitos que por su trascendencia impacta de sobremanera actualmente en nuestra sociedad. "Nos referimos al secuestro, al homicidio calificado y al terrorismo, en las modalidades que se proponen en el presente proyecto de decreto".
Con la iniciativa el Partido Verde busca modificar el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley general para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que dichos delitos sean susceptibles:
"De ser castigados con la prisión vitalicia (conservando la potestad del juzgador para decidir entre este máximo y un mínimo que nunca será menor de cuarenta años). De ser considerados siempre como graves (para evitar que los presuntos delincuentes adquieran su libertad durante el procedimiento). Dentro del catálogo de delitos que se encuentran bajo la jurisdicción de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (principalmente en cuanto a los procedimientos de investigación desarrollados por las autoridades). De ser considerados como aquellos que no pueden ser objeto del beneficio de la libertad preparatoria".
El senador explica que ante las condiciones presentes en el país y el argumento de autoridad previsto, "es conveniente reconsiderar la prisión vitalicia o cadena perpetua como una sanción, coadyuvante para disminuir y, de ser posible, erradicar la violencia en México, aclarando que la sanción debe dictarla un juez penal atendiendo las formalidades del procedimiento, adquiriendo la calidad de cosa juzgada".
Argumentó que la "cadena perpetua" no es violatoria de los derechos humanos, pues "en los estados democráticos con instituciones jurisdiccionales definidas en cuanto a su competencia y respaldadas por tribunales con personal especializado y profesionales, la prisión perpetua sería un medio eficaz para lograr la finalidad de una seguridad pública plena, la cual, a su vez, propiciará el orden y la paz pública tan añorada en estos tiempos".
