Finalmente ayer se consumó un episodio más en la vida pública de Coahuila de los años recientes: se autorizó en el Congreso local que se haga la solicitud para contratar un crédito con un monto de 33 mil 867 millones de pesos para refinanciar toda la deuda que está ahogando las finanzas estatales. Con este hecho, las calificadores de deuda Fitch Ratings y Standard and Poor's bajaron la calidad de la deuda, colocándola en el nivel más bajo para ser considerada como grado de inversión.
Con toda la fracción priista, más el diputado independiente Manuel Villegas -ese que fue operador político de José Ángel Pérez- , el diputado panista Loth Tipa y la perredista Yaneth Babún, dieron el visto bueno al asunto en una sesión de cuatro horas.
En la misma, simpatizantes del PAN tomaron la tribuna para protestar por el hecho y acusar a la administración de Humberto Moreira de lo que consideran un excesivo endeudamiento. Además, se ha comunicado que ha sido destituido de la titularidad del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), a Javier Villarreal, quien fuera durante este sexenio que está por concluir, uno de los principales operadores financieros dentro del mandato del profesor. En su lugar, fue designado Ismael Ramos Flores, quien tenía el puesto de Secretario de la Contraloría para asumir el rol de Secretario Ejecutivo del SATEC.
Toda esta relación de sucesos ocurridos el día de ayer, es una especie de corolario de lo que ya se sabía en las calles, pero que con gran tino el Gobierno Estatal supo minimizar en la opinión pública: el creciente endeudamiento al que se estaba comprometiendo a las arcas coahuilenses.
Además, pesa la acusación de que parte de la deuda contratada se hizo con documentos apócrifos del Congreso estatal, donde se respaldaba el reconocimiento que por ley debe otorgar para la contratación de empréstitos. Javier Villarreal aparece como figura principal en este supuesto hecho, que constituiría a toda laya, un delito.
Y siguiendo con la relación de hechos que tienen que ver por supuesto con el juego político de todo este tema, hoy se tuvo que presentar ante la Fiscalía General del Estado, el exalcalde panista José Ángel Pérez, para que declarara sobre la no comprobación de cincuenta y siete millones de pesos en el ejercicio 2007 del municipio de Torreón.
Con este entorno en general ¿cuáles serían las acciones que se deberían desencadenar al quedar claro la situación real de la deuda de Coahuila, así como el destino jurídico de Pérez?
En primer lugar, debe saberse plenamente a nivel ciudadano que el Gobierno de la Gente echó mano de deuda a gran escala para financiar su egreso, que definitivamente se debe suponer -poniendo de lado los montos que seguramente fueron desviados a bolsillos de pillos- que fue invertido para que hubiese mayor desarrollo en la entidad, particularmente en lo fue toda la inversión en infraestructura para generar crecimiento económico.
Se debe saber si la deuda se utilizó para fondear programas asistenciales como el "Monedero de la Gente" o la "Tarjeta del Hogar", con lo cual se concluiría que el gobierno que está por terminar incurrió en actos de pleno populismo, y entonces así ser calificado.
Contraer deuda no es una mala acción per se, cuando ésta se utilice para costear obras que desencadenen crecimiento económico o mejoramiento en el nivel de vida social. Pero si se pide deuda para respaldar rubros como el de apoyos meramente asistenciales como lo fue regalar doscientos pesos por cada tarjetahabiente de dicho "monedero" o de la del "hogar", sencillamente fueron actos arbitrarios, enfocados al control electoral, que a la postre desembocan en control político.
En tanto, en el asunto del exalcalde de Acción Nacional, es claro que se está utilizando como moneda de cambio para realizar un control de daños en la imagen del gobierno priista, sin que esto exima de presunta responsabilidad o comisión de delito a José Ángel, pero por lo menos hay que pedir un cierto decoro a los priistas en el poder y que asuman su responsabilidad por avalar los créditos.
Por último, que se deba, no significa que el erario está condenado a pagar irremediablemente y con religiosidad. Las instituciones que hayan otorgado los préstamos lo hicieron con ánimo lucrativo, por lo que deben saber que esto conlleva riesgos, como en cualquier negocio, no hay que soslayarlo.
Sin embargo, habrá que ver quiénes serán los que le presten casi 34 mil millones de pesos a Coahuila, y estar expectantes respecto a si habrá sanciones penales a quienes hayan robado en cualquiera de sus modalidades o incurrido en faltas en su responsabilidad pública.
Por que de una vez que sea claro: que Coahuila deba tanto dinero no significa en lo general ningún atropello, si éste se contrajo apegado a la ley. Fueron los diputados electos por el pueblo y el gobernador quienes orquestaron todo esto, así que: pueblo coahuilense ¡a pagar!
