Bajo el argumento de haber colocado en la masa de débitos las facturas pendientes de pago a sus firmas subsidiarias, es decir, lo que técnicamente se conoce como deudas intercompañías, el juez de la causa le negó al Grupo Vitro la posibilidad de un concurso mercantil solicitado voluntariamente. La razón esgrimida por el juez Cuarto de Distrito en Materia Civil y del Trabajo del Cuarto Circuito con sede en Monterrey, Francisco Flores Sánchez, señala, a la letra, que la principal fabricante de vidrio en México "no tiene la necesidad de solicitar la intervención judicial para lograr reestructurar los adeudos que tiene con sus subsidiarias, por ser precisamente quien las controla en todos los aspectos".
Sin embargo, detrás de la pretensión de Vitro de integrar en uno el adeudo con sus tenedores de bonos de deuda de mil 500 millones de dólares y el que mantiene con sus subsidiarias de mil 900 millones, también de billetes verdes, está la necesidad de transparentar, sin pudor alguno, su situación financiera, de cara a calibrar su capacidad real de pago.
Sin embargo, la lógica del togado no es la misma utilizada para dar cauce a los concursos mercantiles o procedimiento de quiebra ordenada en beneficio de empresas como el Grupo Industrial Durango, sometido dos veces al procedimiento; Comercial Mexicana o Mexicana de Aviación.
Sin embargo, la solicitud de concurso mercantil de con convenio previo planteado por la firma que el año pasado cumplió 100 años de presencia en el país, señala letra por letra que las deudas intercompañías no tienen prerrelación, es decir, se colocan a la cola frente al resto de los acreedores. Sin embargo, en la jugada de ajedrez para mantener viva a la empresa centenaria, se colocaba en la mesa el paquete de 15% de acciones que mantiene la familia Sada González, quien detenta el control, lo que implicaría que de no cumplirse los compromisos a pactarse, ésta perdería su participación.
El resto de los valores está pulverizado en el mercado bursátil. Sin embargo, el juez de la causa tenía frente a sí la posibilidad de abrir un periodo de 185 días para conciliar las cifras, es decir, certificar la validez de las deudas y, naturalmente, verificar la capacidad de pago de la firma, cuyo horizonte lo planteaba entre 72% y 75%.
Si Vitro hubiera inflado el adeudo con sus subsidiarias en afán de integrar un mayor porcentaje de votos a su propuesta de reestructura, se habría hecho el harakiri al encuentro con el visitador designado por el Instituto Federal de Concursos Mercantiles (Ifecom). Ahora que en el procedimiento se exhibe una cadena interminable de irregularidades. De entrada, a contrapelo de la exigencia de secrecía y neutralidad por parte del propio Ifecom, hete aquí que la directora de éste, Griselda Nieblas Aldana, se lanzó al ruedo en los días previos a la decisión del togado, para señalar que para que procediera el concurso mercantil preconvenido, lo que implicaría pagar 42.5 centavos por cada peso, se reclamaría el aval de al menos el 40% de los acreedores directos.Se diría, pues, que le estaba tirando línea al juez.
La funcionaria mantiene una estrecha amistad con el abogado de una parte de los tenedores de bonos de deuda emitidos por la empresa, quienes los adquirieron en el mercado secundario en épocas de sequía, pagando por ellos 14 centavos de cada peso o dólar en su caso.
→ Éstos se han integrado en un frente común en el que cabe un fondo chileno denominado Moneda y media docena de estadounidenses.
Ahora que, por aquellas cosas raras de la vida, la decisión del juez de negarle el concurso mercantil preconcebido a Vitro se hizo pública un domingo en la tarde, vía la oficina de Comunicación Social del Ifecom.El texto se titulaba "El juez informa".
Se sabe, además, que en el tinglado se ubican adicionalmente el ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, y la integrante del Consejo de la Judicatura Federal y ex secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera.
El Ifecom está subordinado, justo, al Consejo de la Judicatura Federal.
Por lo pronto, la forma en que se manejó el asunto deja mal parado a Vitro, en un escenario en que pareciera urgido de sorprender a jueces, conciliadores y, desde luego, acreedores. Imagínese usted a consejeros independientes de la compañía como Guillermo Ortiz, Jaime Serra Puche, Mario Laborín, Ricardo García Bringas o Tomás González Sada, votando a favor de una tropelía.
Ahora que lo que está en juego no son las acciones de la familia Sada González, sino la fuente de empleo para 17 mil trabajadores en directo y 100 mil en lo indirecto.
Puñalada a Vitro.
BALANCE GENERAL
En la paradoja, hete aquí que tras la salida de Juan Molinar Horcasitas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cinco firmas participantes en el mercado de telefonía celular pudieron firmar un acuerdo de interconexión que les permite bajar sus costos en beneficio de la clientela.
Al ramillete concurren Axtel, Nextel, Marcatel, Qualtel y Convergia, por más que los tres últimos participan en el segmento de tarjetas de prepago.
La intención era integrar en el pacto a las firmas con mayor peso en el mercado, es decir, Telcel, Telefónica y Iusacell/Unefon, sólo que éstas prefirieron esperar a que el monto lo fije la autoridad... a quien no le corre ninguna prisa.
Por lo pronto, el pago por llamadas desde una línea fija se bajó en 17.9%; el de una en tránsito 40%, y el de móvil a móvil en 59.9%.
La idea es reducir esta última en el siguiente año a sólo 26 centavos.
NI TÚ NI YO
Las señales indican que Cementos Mexicanos estaría a punto de llegar a un acuerdo amistoso con el Gobierno venezolano, encabezado por Hugo Chávez, para finiquitar el pago de la indemnización a que tiene derecho la firma con sede central en Monterrey por la expropiación de dos de sus plantas en el país centroamericano.
El ni-tú-ni-yo plantea estrechar la brecha entre lo que ofrece el expropiador, es decir, 650 millones de dólares, y lo que exige el expropiado, es decir, mil 300 millones.
Lo curioso es que para el banco suizo USB el monto que plantea el país sudamericano es correcto, de cara a la producción de las factorías que explota hoy el Gobierno de Venezuela.
HÉCTOR HERNÁNDEZ
La vacación navideña provocó que pasara de noche la muerte de Héctor Hernández Cervantes, el último funcionario de carrera que llegó a la dependencia que entonces se llamaba Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
En su larga trayectoria, Hernández le fijó la ruta a la Ley de Comercio Exterior, sentó las bases para los primeros pactos intersectoriales en época de crisis, y sembró la semilla para la creación de la Procuraduría Federal del Consumidor.
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