Hace dos años la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, subrogada por el IMSS, sufrió un devastador incendio originado en una bodega vecina. El desastre no fue intencionado y derivó en la horrenda tragedia en la que murieron quemados casi 50 infantes. Más de 75 quedaron marcados para siempre.
A pesar de que la guardería violaba muchas de las normas que el IMSS exige a los licitantes, la Delegación del Instituto había dicho que la guardería era segura y las autoridades estatales y municipales también estaban satisfechas con las condiciones de operación. Cabe señalar, sin embargo, que ésta se instaló en un bodegón rentado y habilitado que no cumplía con los parámetros reglamentarios: Ubicación indebida, pues nunca debió estar cerca de una avenida de gran circulación; no contaba con espacios requeridos de estacionamiento; posteriormente, colindante con la guardería, se instaló una bodega de la Secretaría de Hacienda con material altamente inflamable y, peor aún, a corta distancia, una gasolinera. Las alarmas contra incendios no funcionaban por estar incorrectamente ubicadas y no había salidas de emergencia libres. En la angustia del momento una camioneta derribó una pared para poder sacar a las víctimas.
Es muy desafortunado que el IMSS se haya equivocado tan lamentablemente suscribiendo un contrato con personas que sólo antepusieron su ánimo de lucro en vez de atender el lado ético y humano. Es de público conocimiento que los concesionarios son la familia del entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, así como varios allegados suyos que son los propietarios además de la guardería ABC, de por lo menos otras 13 guarderías subrogadas en la entidad, reportándoles ganancias por varios millones de pesos al mes, pues por cada uno de los menores recibían 2,100 pesos y la guardería ABC tenía capacidad para 196 niños.
Esto no significa, empero, que las personas ahora tan deplorablemente descalificadas por su avaricia dejan de ser responsables y la culpa de la muerte de los niños recae en las autoridades que los seleccionaron. Admitirlo sería suponer que quien por cualquier ardid o maniobra obtiene una licencia de operación en cualquiera actividad por ese mero hecho, queda relevado de las consecuencias de cualquier uso que le dé, incluso el delictivo.
Al seleccionar los operadores de las guarderías, ¿acaso su calidad moral no es lo determinante? El que se descubran deficiencias en la vigilancia de los particulares en el caso de las subrogaciones o las subcontrataciones no libera al concesionario de su responsabilidad. Son culpables los dueños de la guardería por no cumplir los requisitos básicos, y por no hacer valer su derecho a oponerse a la instalación en su proximidad de un almacén de material inflamable y de la gasolinera. Podrá censurarse alguna certificación extendida o la falta de seguimiento a las observaciones hechas por el IMSS para corregir fallas, sin embargo esto es mucho menor comparado con la irresponsabilidad y la falta de ética de los dueños de la ABC. Hasta ahora, ninguno de ellos ha tenido la valentía de aparecer en público para dar la cara por la tragedia, limitándose sólo a un escueto comunicado de prensa expresando su pésame por la muerte de los 43 niños en el incendio, aunque sin admitir ningún tipo de responsabilidad.
Es muy triste advertir la cantidad de tinta derramada en torno al drama de la ABC sin que nadie señale o procese a los principales culpables. Todo ha girado en torno a criminalizar a los funcionarios que se ceñían a una reglamentación imperfecta y floja.
Como el "tribunal ciudadano", apresuradamente ensamblado y presidido por Emilio Álvarez Icaza que se ocupa celosa y activamente de mantener viva la atención de los medios al tremendo drama y que condenó a Juan Molinar Horcasitas y a Daniel Karam señalándolos como los culpables de la tragedia, junto al IMSS, la PGR, el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República y el Poder Judicial.
Aunque es claro que las culpas están claramente repartidas entre los varios dueños del negocio, al lado del delegado estatal del IMSS y la autoridad municipal de Hermosillo, los autodesignados integrantes del tribunal no subrayan lo compartido de la culpa. Más se afanan por enderezar acusaciones sólo a los órganos públicos que mal aplicaron reglamentos deficientes y un contrato modelo de subrogación que como lo detectó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, no establecía más obligación para el concesionario que la de contratar los seguros por "responsabilidad civil general" y los seguros adicionales necesarios.
En el caso del desastre en el Golfo de México, a nadie se le ocurrió culpar de negligencia o irresponsabilidad al gobierno de los Estados Unidos, sino que fue la Brittish Petroleum la responsable de esta tragedia asumiendo los tremendos costos de reparación. En estos casos la culpa no está en el que vigila, sino en el que comete el delito.
En México, sin embargo, nuestras leyes flácidas incitan a la irresponsabilidad de los privados porque saben que al final el pato lo paga el gobierno.
Juliofelipefaesler@yahoo.com