Enérgica, por decir lo menos, fue la respuesta de la Presidencia de la República a la demanda presentada ante la Corte Penal Internacional con la firma de 23 mil mexicanos, contra Felipe Calderón y su gabinete de seguridad nacional, por crímenes de guerra y delitos contra la humanidad presuntamente cometidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Su colofón, después de reiterar los argumentos siempre esgrimidos en defensa de la estrategia anticrimen del gobierno federal, dice textualmente:
"Las imputaciones al gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia (¿?). Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales".
¿Contrademandará el gobierno mexicano? ¿A quiénes? ¿A los abogados denunciantes y a los 23 mil firmantes? ¿También demandará a quienes critican su estrategia anticrimen y presumen la comisión de los referidos delitos al comentarlo en distintos foros nacionales e internacionales?
En sintonía con el comunicado de Los Pinos, Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, llamó "ruines", "ignorantes" y "oportunistas" a los 23 mil mexicanos demandantes, lo que provocó la respuesta de Netzaí Sandoval Ballesteros, uno de los abogados demandantes, quien dijo que tales reacciones "pintan de cuerpo entero al tipo de gobernantes autoritarios e intolerantes que suele investigar la Corte Penal Internacional". Y mas aún: que esa actitud fortalece la hipótesis de la acusación y que el derecho de acceder a la justicia no depende de la voluntad de nadie. Reveló, además, que en la documentación presentada al fiscal Luis Moreno Ocampo se documentan, asegura, 200 casos de tortura de las fuerzas federales.
Lozano responde por su parte a tales señalamientos y después de entrecomillar la calidad de "jurista" de Sandoval Ballesteros asegura que el abogado exhibe ignorancia y mala fé, y que el gobierno respeta la libertad de expresión y no amenaza a los denunciantes pero exige que el ejercicio de esas libertades y derechos no se haga con ligereza y frivolidad. En suma, asegura que acudir a la Corte Penal Internacional es un teatro mediático y de tinte electorero.
El asunto, como puede apreciarse, ha desatado un gran debate que involucra derechos fundamentales: el de la libre expresión y el de la defensa del honor ante la calumnia (algo parecido al que confrontó al periódico La Jornada con la revista Letras Libres, acusada aquella por ésta de ser refugio de terroristas de la ETA, diferendo en el que la Corte privilegió, en reciente fallo, la libre expresión sobre el daño al honor provocado por una calumnia).
Involucra también el derecho a recurrir a instancias judiciales internacionales reconocidas por nuestro país ante la creciente sensación de que aquí no se hace justicia. Y confronta, asimismo, conductas políticas autoritarias o tolerantes.
Esto dará todavía mucho mas de que hablar.
PLAGA. Acuso recibo de un amable lector que denuncia el deterioro del Parque México, de la colonia Condesa, en la delegación Cuauhtémoc de la ciudad de México. Se queja, sobre todo, de la instalación cada fin de semana de tianguis en el redondel de esa área verde. Asegura que cada vez que instalan las carpas perforan el concreto con alcayatas lo que ha su vez ha dado lugar a grandes hoyos donde se acumula la basura. Asegura que estas anomalías le fueron reportadas el pasado viernes 26 de noviembre al señor Alejandro Fernández de la delegación Cuauhtémoc quien quedó de ponerse en contacto el pasado lunes 28 de noviembre, lo que, por supuesto, no ha hecho. Parar el deterioro del Parque México es, en suma, la exigencia de los vecinos de las colonias Condesa y Roma.
