S E acabo el misterio. El monto que pagaremos los coahuilenses en 2012 para comenzar a pagar la megadeuda "de la gente" es de $4,698 millones de pesos. Es decir, un monto equivalente a levantar en Torreón, durante un solo año, todas las obras viales construidas en Saltillo durante el sexenio, megadistribuidor incluido. No sabemos cuantos millones se destinarán a pagar capital, cuántos a pagar intereses, y cuántos a cubrir las comisiones de los técnicos que contrataron quienes pedían que no politizáramos el tema. Lo que sí sabemos es que los coahuilenses debemos tanto, que para 2012 nuestro gobierno ha presupuestado más para pagar la deuda que para todas las inversiones, servicios y programas sociales que tiene previsto realizar en el año.
Una revisión al Presupuesto que aprobaron antier los diputados revela cómo el Gobierno del Estado está cortándose los brazos, mutilándose las piernas y pagando sus deudas con riñones. Para atender sus compromisos, ha recortado significativamente los recursos con los que operan sus dependencias. Si comparamos el presupuesto con lo aprobado el año pasado, 10 de 14 Secretarías se contraen y 5 de ellas (Salud, Obras, Medio Ambiente, Fomento Económico y Fomento Agropecuario) pierden 50 por ciento o más de sus recursos. ¿Qué tan prioritario es el Instituto Estatal de Empleo, si perderá la mitad de su presupuesto? ¿Que tan importante la ciencia y la tecnología, si el Coecyt se contrae 20 por ciento?
Muchos empleados dejarán sus escritorios, y muchos programas serán cancelados. Pero el dolor trasciende a la burocracia. La Ley de Ingresos contempla incrementos significativos a los impuestos y a los derechos que cobra el Estado por casi todos sus servicios. La discusión pública se ha centrado en el Impuesto Sobre Nóminas, cuya tasa se duplicó explícitamente para "procurar el equilibrio fiscal del Estado". Sólo ese incremento representa $473 millones que dejarán de entrar a los bolsillos de los trabajadores. Las oficinas de gobierno y las instituciones de educación pagarán este impuesto por primera vez, aunque por algún misterioso motivo la exención de pago concedida a los partidos políticos en ejercicios anteriores mantiene su vigencia. Al menos a alguien le hará justicia la revolución.
También inventamos impuestos. Como si la Región Carbonífera no estuviese lo suficientemente golpeada, la Ley de Ingresos establece un cobro de $25 pesos por cada tonelada de carbón que pase por la Prodemi. Los técnicos del gobierno estiman una recaudación de $122,600 millones por este concepto, pomposamente denominado "beneficiación de mineral". ¿Pero quién se beneficia? No conozco a un solo minero de la Región contento con el manejo opaco, discrecional y ventajoso dado a este organismo en épocas recientes.
Y qué decir de la tenencia. Existen sendos argumentos técnicos a favor de este impuesto, pero éstos suenan huecos en boca de los soldados del régimen. Hace mucho que el PRI y Rubén Moreira hicieron una promesa clara ante el electorado coahuilense de eliminarla. Punto. Ya el 9 de julio de 2010 Rubén Moreira había escrito un artículo para El Universal, criticando duramente al presidente por tardarse en cumplir sus promesas de eliminar impuestos, incluyendo la tenencia, y por manejar el tema sólo de manera electorera. Hoy pareciera que Rubén se convirtió en Calderón. Habrá quien diga que la decisión de mantener la tenencia no la tomó Rubén sino el Gobierno saliente. ¿Pero acaso alguien cree que no se lo consultaron? ¿Y en todo caso, dónde está la congruencia programática del partido?
Cada interacción con el Gobierno del Estado servirá para recordarnos la deuda. A partir de enero, la entrada a los parques deportivos y a los museos "de la gente" costará dinero "de la gente". Nacer, graduarte de la escuela, sacar tu licencia de manejo, abrir un negocio, casarte, comprar una casa, divorciarte y hasta morirte, implicará trámites más costosos que antes. Vamos, hasta el permiso para cambiarte de tumba es ahora más caro.
Algunos ejemplos son verdaderamente absurdos. Por ejemplo, el costo del trámite para obtener un pasaporte utilizando la oficina de enlace del Gobierno Estatal, subirá de $215 a $1,000. ¡El pasaporte solo cuesta $850!
Los ofendidos somos los coahuilenses, pero también somos los culpables. En este sexenio perdimos nuestra capacidad de plantear preguntas y de esperar respuestas. Olvidamos que para sobrevivir la democracia requiere de una ciudadanía activa y crítica, y nos negamos a actuar ante las señales de su evidente deterioro. Nos dijeron que "el profe nos cuida" y apantallados, quisimos creerlo.
¿Quieres que te dé un norte? Nos equivocamos.
