Somos más mexicanos de los que pensábamos. El número de pobres aumentó, en vez de disminuir. La economía presenta turbulencias y la incertidumbre crece. La DEA, presumiblemente, pactó con el Cártel de “El Chapo”.
La inseguridad pública ha llevado el malestar social del “si no pueden, renuncien” al “estamos hasta la madre”. El consejo del IFE sigue incompleto. En Michoacán “levantan” y liberan –así, en impersonal– a encuestadores electorales como advirtiendo “aquí ni se metan, aquí las reglas son otras”.
Ante ese cuadro, en verdad, ¿se puede hablar de “normalidad democrática” e interesarse por saber qué precandidato pinta mejor en las encuestas? ¿Importa quién ocupará la residencia oficial de Los Pinos, cuando cualquier día hasta ahí pueden llegar las extorsiones? La colección de sucesos registrados esta semana no ha merecido un pronunciamiento serio de autoridades ni precandidatos, ¿de dónde sacan que la sociedad se interesa por sus ambiciones personales?
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El nuevo censo trajo una noticia inquietante: la proyección sobre la población nacional falló. Hay 4 millones más de mexicanos, y, aun cuando desde la magia de los porcentajes podría considerarse una minucia demográfica, lo cierto es que esos mexicanos no contemplados requieren de atención, servicios, salud y educación y, hasta hoy, el pequeño error no ha generado un pronunciamiento serio por parte de la autoridad.
¿Qué ajuste presupuestal exige la atención de esos mexicanos no contemplados? Hace ocho días vino el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social con otra noticia. El número de pobres aumentó en 3.2 millones para sumar, en total, 52 millones. De inmediato, se justificó el hecho a partir de las adversidades económicas foráneas. Eso, sin embargo, no resuelve el problema, vamos, ni siquiera se lo plantea.
No supone una postura o reflexión de fondo para atender a quienes no fueron tomados en cuenta ni a quienes pasaron a formar filas al ejército de la pobreza. Ambos datos plantean un problema con efecto inmediato y mediato, al cual se agrega la expectativa económica que genera la compleja situación del vecino del norte y Europa ¿Qué dice la autoridad financiera, económica y social de la administración? Nada. Anuncia que el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, se baja de la lista de aspirantes a la Presidencia y que el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, mantiene su aspiración. ¿Con qué cara puede el calderonismo venir con eso?
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El portavoz del gobierno en la guerra contra el crimen, Alejandro Poiré, no pierde oportunidad para hablar de lo que sea. Elude, sin embargo, un hecho que por su importancia exigiría un pronunciamiento del presidente de la República o, al menos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una y otra vez, la administración se llena la boca diciendo que el Estado mexicano no pacta con criminales. Sin embargo, su socio en la aventura bélico-policial, Estados Unidos, al parecer sí lo hace a costa de armarlos y sembrar de muertos el territorio mexicano.
Ahí está si no como evidencia, sí como presunción el dicho del abogado de Vicente Zambada, alias El Vicentillo, el hijo de “El Mayo”. Según el dicho del defensor, desde 2004, el Gobierno estadounidense ofreció a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y “El Mayo” Zambada inmunidad y protección en su actividad criminal a cambio de información sobre los otros grupos del crimen organizado. El dicho del abogado se dio, nada más y nada menos, ante un tribunal federal con sede en Illinois. Consta en autos.
En México, una y otra vez se ha señalado que en la guerra contra el crimen nomás no se ve el turno de la ofensiva contra el Cártel de “El Chapo” y más de una vez se han señalado los lugares donde el narcotraficante reside o se mueve. Y nada, el azar no ha favorecido las acciones de la Fuerza Armada y policial en su contra.
La revelación hecha exigiría una postura por parte de la administración calderonista pero, al parecer, el asunto no le resulta relevante. Si el socio pacta, es su problema. Si antes hasta clases de estornudo daba por tele el mandatario, asombra ahora su silencio.
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Aun cuando no falta quienes se burlan de la ingenuidad política, la visión moral, el discurso poético y los besos de Javier Sicilia, el esfuerzo cívico de él y de quienes reclaman una paz digna y justa así como de quienes exigen una “Reforma Politica Ya” constituye una alerta que deberían atender ya, sin duda, la autoridad, los precandidatos y los dirigentes partidistas.
Ese movimiento que arrancó con el brutal señalamiento de “estamos hasta la madre” es, en cierto modo, la continuación del reclamo formuladom pero no sostenido por Alejandro Martí cuando exigía “si no pueden, renuncien”. El dolor y el llanto de un sinnúmero de mexicanos frente a la pérdida de un ser querido a causa de la violencia criminal u oficial ha sido constante y, pese a la rabia y la pena, no ha abandonado los canales de la civilidad.
Pretender darle largas al reclamo ciudadano para ampliar la participación política ciudadana y contar con mayor control sobre los poderes, ensanchar el margen de maniobra del próximo gobierno y girar el enfoque de la estrategia fallida contra el crimen es jugar con fuego. Burla burlando, las autoridades y los precandidatos juegan a mantener el concurso electoral en sus términos, dando por seguro que el malestar ciudadano y la inconformidad aguantan hasta después de la elección, como si el resultado de ésta supusiera, por sí, otro destino.
Esa es una apuesta peligrosa, tanto porque la actividad criminal cobra nuevas víctimas y ejerce una violencia marcada por la barbarie –cuestión de asomarse a las calles deMonterrey– y, visto está, a veces un incidente desata grandes movilizaciones, como una chispa desata grandes incendios.
Si la jugada de autoridades, precandidatos y partidos es preparar más atole, quien quita y no sean ellos quienes se atraganten.
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El tiempo corre y la luz de las alertas titila cada vez más fuerte. Ahí están los problemas, el diagnóstico y la solución que se exigen. Cuanto más se tarde la clase dirigente en darle otro contenido y sentido a la elección presidencial, más difícil será tomar las decisiones para enderezar el rumbo que, por lo pronto, toma la crisis que amenaza no a este o a aquel otro precandidato sino a la República.
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