Los cerca de 300 guatemaltecos que fueron desplazados por el Ejército de su país y que cruzaron a la zona fronteriza de Tabasco, rechazaron solicitar asilo en México porque quieren regresar a sus tierras, dijo Hans Hartmark, encargado de la oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En entrevista, el funcionario sostuvo que la estadía del grupo, que fue desalojado el 23 de agosto de una comunidad de Petén, Guatemala, y se refugió en el ejido Nuevo Progreso, del municipio de Tenosique, Tabasco, es un asunto bilateral entre los Gobiernos de México y Guatemala.
"Fuimos allá para confirmar si son refugiados o solicitantes de asilo o no. Nos dijeron que el Ejército los desalojó por la fuerza de la aldea Nueva Esperanza (El Petén), por lo que ahora están en el ejido Nuevo Progreso.
"Pero nos dicen que quieren volver a su país y que por el momento no consideran necesario solicitar formalmente la condición de refugiados. No quieren ser refugiados, quieren regresar a Guatemala", relató el diplomático de la ONU, quien acudió al campamento junto a Davide Torzilli, asistente ejecutivo del Buró para las Américas de la ACNUR.
"El problema, según ellos, es que no les permiten entrar a su país, pero han cruzado la frontera y entonces se vuelve un caso técnicamente para nosotros (ACNUR) de refugiados y, por lo tanto, también para el Gobierno de México", expuso.
Al menos 91 familias denunciaron que fueron desalojados de forma violenta por el Ejército y la Policía de su país, por presuntamente tener nexos o apoyar a narcotraficantes.
Según el Gobierno guatemalteco, el desalojo de sus connacionales fue de forma "pacífica y sin violencia" en un operativo para "recuperar áreas que estaban en poder del narcotráfico o que favorecían las actividades ilícitas".
Hartmark refirió que de acuerdo con los testimonios de las víctimas, en el desalojo los militares les quemaron las casas de la aldea, aún cuando también mencionan que participaron autoridades ambientales y de derechos humanos del Gobierno guatemalteco.
Además, consideró como preocupante la presencia de los militares guatemaltecos en esas tierras.
"Es el primer caso que conocemos de un grupo que cruza la frontera y se refugia, aunque ya lo habían hecho en 2007 y 2008, pero en aquellas ocasiones el Ejército se retiró, y en esta ocasión, los militares se quedaron en sus tierras. Y eso fue lo que observamos", dijo.
"Ellos reclaman que tienen derecho de vivir en el predio, pero no sabemos si es correcto o no. Es un asunto que se debe de resolver en Guatemala", expuso.
Por lo pronto, Hartmark señaló que por parte del Gobierno mexicano, la Comisión Mexicana para la Atención de Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM), además de su intervención humanitaria, asumieron el compromiso de garantizar la estadía legal de ese grupo de guatemaltecos.
