La posibilidad de una magna manifestación obrera en protesta para este jueves, en paralelo a la ira de las centrales obreras afines a su causa, está obligando al PRI a la reversa en su propuesta de reforma laboral que camina del brazo de la fracción panista en la Cámara de Diputados.
El primer signo de relajamiento frente a la intención de un albazo en la sesión del Martes Santo fue el cobijo al ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que envió al calce de su documento de protesta a las comisiones unidas que revisan la alternativa.
El segundo la declaración del líder de la fracción, Francisco Rojas Gutiérrez, de que toda iniciativa es "perfectible", y que el objetivo fundamental del partido es "conseguir una Ley que pueda ser bienvenida y acatada por todo el mundo".
Los puntos a revisión son justo los que se integraron al documento original a presión de los abogados de las cúpulas empresariales y que a juicio de los sindicatos independientes representan agravios intolerables.
Estamos hablando de legalizar, vía una modificación a los artículos 13 y 15 bis de la Ley Federal del Trabajo, la actividad que realizan las llamadas outsourcing o tercerías, es decir la posibilidad de que empresas subcontraten a otras para tareas específicas, lo que atenta contra el principio de la no discriminación al plantear escenarios de trato distinto en salarios y prestaciones a los trabajadores.
Más allá, se considera que la propuesta de largos periodos a prueba para los trabajadores en la fase previa a su contratación, socava la seguridad del empleo.
En paralelo, la iniciativa priista limita la justicia laboral al acotar los salarios caídos de un trabajador que es despedido injustamente a sólo 12 meses, en un escenario en que los juicios laborales se prolongan hasta cinco años, y aun cuando al final de éstos se ordenara la coinstalación del agraviado, ésta podría llevarse otros tres.
La alternativa, en abundancia, permite a los empleadores tratos en forma directa e individual con los trabajadores para negociar condiciones laborales ajenas a lo estipulado en el contrato colectivo firmado por su sindicato, lo que vuelve inocua la existencia de éstos.
Y si le seguimos, la modificación planteada al Artículo 388 elimina el derecho de los trabajadores a organizarse en conjunto, lo que en el papel acabaría con el de pilotos, sobrecargos de aviación y trabajadores de tierra.
Adicionalmente, se le tiende la alfombra a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para declarar la inexistencia de huelgas al introducir requisitos adicionales para calificar éstas.
En este caso la modificación apunta al Artículo 920. En la catarata se señala también que la iniciativa atenta contra principios laborales consagrados en la Constitución y en ordenamientos internacionales.
De entrada, la posibilidad del trabajo por horas, los contratos temporales, los largos periodos de prueba y la exigencia de capacitación inicial, atentan contra el derecho a un empleo estable.
Además, se agravia el derecho a un salario suficiente cuando se plantea un pago proporcional a la jornada que cubra el trabajador contratado.
En paralelo, se atenta contra el principio de condiciones satisfactorias de trabajo, al ubicarse la posibilidad de horarios discontinuos de acuerdo a las necesidades de producción.
Del otro lado de la moneda, la iniciativa priista soslaya, en afán de no lastimar a las centrales obreras que se mantienen fieles a su causa, la exigencia de eliminar la llamada "toma de nota", es decir la potestad de la Secretaría del Trabajo de aprobar o rechazar la elección de un Comité Ejecutivo sindical.
El tiro, sin embargo, no pegó en el blanco.
Tampoco se buscan fórmulas para anular los llamados "contratos de protección" que se pactan con sindicatos blancos para hacer como que existe defensa de los trabajadores.
La paradoja del caso es que en afán de acotar las críticas de quienes atribuyen la caída dramática del país en materia de competitividad a la ausencia de reformas estructurales, el PRI se lanzó al ruedo de la mano del PAN, con la novedad de que la silbatina le pega más fuerte que a su compañero.
De ahí su urgencia de correr.
BALANCE GENERAL
Lo cierto, frente a quienes colocan un nuevo capítulo en la lista de agravios denunciados por Televisa ante la Comisión Federal de Competencia, los anuncios en cintillo que está publicando Teléfonos de México para ofertar en paquete la posibilidad de suscribirse al servicio de televisión satelital Dish con conexión al calce de banda ancha para Internet, es que la acción ya estaba incluida en la querella.
En el anexo de pruebas integrado a la acusación de que Teléfonos de México no actúa sólo como comercializador, sino como socio de la firma de televisión de paga integrada por la cadena MVS y la firma estadounidense EchoStar Corporation, se muestra un volante que la firma de la familia Slim entregaba a la clientela en sus centros de contratación.
En él se planteaba la oferta en paquete. De acuerdo a los abogados de la empresa de Emilio Azcárraga Jean, la integración de ambos servicios en paquete viola el alcance del Título de Concesión con que opera Telmex, por más que Dish no ofrece la posibilidad de Internet.
OTRA PARA SLIM
Colocada como postor único en la subasta planteada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el paquete carretero conocido como "Pacífico Sur", la alfombra está tendida para levantarle la mano a la empresa Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (Ideal) del magnate Carlos Slim.
La oferta incluía la concesión del macrolibramiento sur de Guadalajara.
La postura de Ideal fue de cuatro mil 50 millones de pesos, tras valuar las obras anexas a realizarse para operar las carreteras de cuota en ocho mil 132. El resto de los postores, es decir el grupo ICA de Bernardo Quintana Isaac, Hermes y la española OHL, decidieron no presentar posturas.
Otra, pues, para el empresario.
S.O.S.
Esta semana, a petición del diputado priista Melchor Sánchez, se votará en el pleno de la Cámara Baja un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía a revertir la reducción arancelaria a las importaciones de acero provenientes de Rusia, la India y China, ante los daños provocados a los productores locales.
Como usted sabe, los impuestos de ingreso al país para el producto proveniente de naciones con las que no existen acuerdos comerciales bajaron de 10% a 5% en una primera etapa, y de 5% a 3% en otra.
La intención es reducirlos a cero en 2012.
La exposición de motivos del legislador apunta a un escenario imposible de remontar para el país, dados los subsidios y subvenciones que ofrece China a sus exportaciones y los altos costos de producción en el país. De entrada, las tarifas eléctricas representan entre 25% y 30% de los costos de las siderúrgicas.
