No quisiera ser reiterativo en las ideas que sobre el acuífero principal de la Comarca Lagunera venimos expresando desde hace tiempo, pero la persistencia y gravedad del problema y el seguimiento que le está dando al mismo el Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval, al convocar la semana pasada a una reunión con la finalidad de empezar a abordarlo dentro de su agenda, nos indica que es un asunto al cual no debemos dejar de ponerle atención.
Creo que ya la mayor parte de la población hemos escuchado sobre el problema que tenemos con el agua que destinamos al consumo urbano-doméstico, mismo que se expresa en su mala calidad debido a que está contaminada con sales arsenicales que resultan tóxicas para nuestra salud, porque las concentraciones de este metaloide contenidas en ella son muy elevadas, por encima de la Norma Oficial Mexicana y la Norma Internacional determinada por la Organización Mundial de la Salud.
Pero este es el problema y no la causa, la cual también una parte importante de la población identificamos en la sobreexplotación que se realiza de nuestro acuífero principal, algo que ya ha sido documentado por especialistas que conocen su geohidrología, los niveles de abatimiento y la calidad del agua extraída por zona y pozo, y la cuantificación de sus valores no sólo en arsénico sino en otros componentes químicos; es por tanto, de sobra sabido que este cuerpo de agua dulce es un foco rojo dentro de los cien sobreexplotados y/o contaminados de los más de seiscientos acuíferos existentes en el país.
Entonces, el problema y la causa ya se conocen, por lo que hay que buscar las soluciones conforme se dimensione la magnitud de sus impactos y las posibilidades reales, no declarativas, de resolverlos, revertirlos o remediarlos; para ello se necesitan voluntad política de los organismos oficiales de gestión y regulación del agua, de la disposición de los usuarios, sobre todo los grandes que concentran una parte importante de los títulos de concesión de las aguas superficiales y subterráneas que les permiten aprovechar un porcentaje significativo de los volúmenes de agua, y recursos para implementar ese programa en el corto, mediano y largo plazo.
La cuestión debe centrarse en diseñar un programa de recuperación del acuífero principal, ojalá con el consenso de la mayor parte de los integrantes de la Asamblea de Usuarios, que contenga una estrategia donde su recuperación forme parte del Plan de Gestión Hídrica del Consejo de Cuenca, mediante el cual se dé continuidad a medidas anteriormente aplicadas como las cinco vedas decretadas entre 1949 y 1981, una vez que se determinó el desbalance entre extracción y recarga en 1946, o complementen las que se vienen implementando.
Para no seguir sobando el lomo al enfermo que requiere cirugía mayor, es necesario no evadir la cuestión central, que es reducir la extracción de los volúmenes actuales que doblan los de recarga, para lo cual debemos conocer con medición confiable los volúmenes que realmente se extraen instalando medidores con telemetría, y así verificar si el agua extraída corresponde a la concesionada. Los usuarios que poseen los títulos de concesión que les permiten extraer agua del subsuelo deben cooperar, quienes extraigan lo que indica su vigencia de derechos nada deben temer, y los que no, ajustarse a los volúmenes concesionados.
Al cruzar la información anterior con otras mediciones, aún cuando éstas sean parciales, como la de los niveles estático y dinámico en que se encuentra el agua en los pozos de bombeo que permitan construir redes piezométricas, podrá pensarse en aplicar medidas de recarga en sitios o zonas donde esto sea posible, o donde la situación de los abatimientos y calidad del agua sea más grave, comprando derechos de agua superficial que se destinen a ese fin o cancelando concesiones donde los niveles de abatimiento sean profundos y/o las dificultades técnicas y económicas para recargar esas zonas sean mayores o más costosas. Lo ideal es recargar zonas a la vez de evitar continuar extrayendo los mismos volúmenes, particularmente cuando éstos rebasen los límites concesionados.
Desde hace tiempo y de manera reciente, hay proyectos en curso que van a contribuir en la recuperación del acuífero, como la tecnificación del riego que realizan algunos agricultores y cuya agua ahorrada no usan para ampliar sus áreas de cultivo, la difusión de valores que fomenten una nueva cultura del agua entre diversos segmentos de la población, el denominado Proyecto Irritila que se basa en el pago de servicios ambientales a los dueños del bosque para que ya no lo talen y cuiden, puesto que ahí está nuestra fábrica de agua, que es un proyecto de largo plazo al que los habitantes de la parte baja de la cuenca debemos sumarnos aportando los recursos, particularmente los grandes usuarios, incluyendo la instalación de filtros en los pozos donde el agua extraída tiene concentraciones que ponen en peligro la salud y vida de amplios sectores de la población.
Medidas adicionales que se pueden aplicar para reducir la extracción, consisten en cambiar los patrones de uso, como sucede con la producción de alfalfa, principal consumidor de agua en la región; el programa debe contemplar una estrategia de reducción o sustitución de este y otros cultivos por otros de menor uso consuntivo de agua; en el marco actual de estado y uso del agua en la Comarca Lagunera resulta insostenible continuar sembrando alfalfa, para lo cual también debe pensarse en la reconversión productiva con otras opciones atractivas para los agricultores como serían la agricultura protegida, particularmente en el ya de por sí reducido segmento de pequeños productores rurales.
Finalmente, debemos reconocer que la sobreexplotación del acuífero como causa estructural y que forma parte de la problemática del agua en La Laguna y la Cuenca Nazas-Aguanaval, es resultado de la toma de decisiones erróneas que generaciones anteriores de políticos y técnicos realizaron sobre la gestión y manejo del agua, quizá carecieron de la información adecuada al pensar centralmente en el crecimiento económico y equivocándose en perjuicio de la naturaleza y la población, pero quizá también carecieron de la visión de largo plazo sobre la disponibilidad y forma de distribución social de un recurso que constituye un bien común, que es a la vez estratégico para la conservación de la naturaleza y el desarrollo económico regional.
Lo anterior es un hecho onsumado y tal parece que a nuestra generación le toca contribuir a enmendarlo, tarea nada fácil para el Consejo de Cuenca que tiene ante sí una oportunidad y un reto para hacer su parte.
