Es probable que los políticos concluyan que no es necesaria la reforma en estos momentos por las altas tasas de recaudación que crean un espejismo sobre la solidez financiera del país. En realidad es al contrario: es mejor hacerla ahora que verse forzado por los mercados a llevarla a cabo en medio de una crisis severa. Pregunte a griegos o españoles si no es mejor hacer la reforma fiscal profunda antes de que se agote Cantarell o explote la bomba de tiempo de la seguridad social.
No hay reforma fiscal que valga la pena que no involucre a los tres niveles de gobierno y la seguridad social y no tenga como objetivo resolver el problema de la informalidad y la competitividad. Esto implica un régimen que minimice las distorsiones de impuestos, otorgue certidumbre jurídica y sea congruente con los mandatos constitucionales de proporcionalidad y equidad horizontal (artículo 31), ausencia de excepciones y prohibición de subsidios (artículo 28), no endeudamiento para gasto corriente (artículo 73) y el mejor uso de los recursos públicos (artículo 134).
El primer componente debe ser la responsabilidad recaudatoria de estados y municipios a través de la transformación del impuesto predial y el uso generalizado de parquímetros. A pesar de que son gravámenes progresivos y de fácil fiscalización, su recaudación es mucho menor a la potencial. Para incrementarla hay que transferir la administración del predial a los gobiernos estatales, tal como sucede en el Distrito Federal, pero con el requisito de que los recibos especifiquen con claridad la asignación del recurso para el gobierno estatal, municipal y comunitario (en especial pueblos alejados de las cabeceras municipales), y que se corrija el incentivo perverso de las transferencias federales que privilegian al municipio que no cobra. El cobro del impuesto predial y la presencia de parquímetros serían instrumento central para reestatizar arroyos de la calle y aceras a favor de todos.
La reforma fiscal también debe abordar la seguridad social y la informalidad. No sólo las contribuciones a la seguridad social son prohibitivamente caras (no más baratas que un seguro privado equivalente) y un desincentivo para entrar a la formalidad, sino que ahora el Seguro Popular se ha convertido en un incentivo para quedarse en la informalidad.
El grave problema de la coexistencia de las economías formal e informal es el principal freno a la competitividad y al crecimiento. Para atacarlo, es necesario transitar a un sistema que no encarezca al trabajo y separe el financiamiento de la salud de su provisión. El ideal es sufragarla con la recaudación general y no con impuestos a la nómina que desincentivan los trabajos formales de alta productividad. Esto eliminaría la labor recaudatoria del IMSS y lo haría converger con el seguro popular.
Amén de la propuesta del senador Beltrones (12% de IVA casi generalizado y 25% de ISR), hay dos que sí consideran eliminar los incentivos perversos a favor de la informalidad. Una de ellas propone la sustitución de las contribuciones a la seguridad social por un IVA generalizado y con una tasa más elevada. La otra, menos discutida, propone la eliminación de todos los impuestos (incluido el ISR) y contribuciones a la nómina y su sustitución con un ISR empresarial con una tasa competitiva, pero sin deducción de la nómina en el cálculo de la base gravable.
Ambas propuestas buscan disminuir el costo de la formalidad, la segunda de una manera más radical al hacer a toda la fuerza laboral exenta, como lo está la informalidad, de todo impuesto al trabajo. Esta última tiene la enorme ventaja administrativa de reducir radicalmente el número de causantes y facilitar la labor del SAT y de ser, en realidad, un IVA empresarial que grava el pago a los factores. No obstante, conlleva un déficit democrático al eximir de impuestos directos a la gran mayoría de los mexicanos: "sin contribución, no hay representación".
Una alternativa todavía no explorada consiste en la universalización de IVA e ISR (ambos sin excepciones) y su complementación para las personas físicas. El objetivo sería propiciar el cumplimiento a través de un ISR de tasa única y competitiva, pero con fiscalización ciudadana: en lugar de limitar a unas cuantas las deducciones para personas físicas, permitir la deducción del 16 por ciento de cualquier gasto para efectos de ISR de personas físicas. Esta deducibilidad sería un poderoso incentivo para que todos los ciudadanos presenten declaraciones sin considerar su nivel de ingresos, ya que recibirían un reembolso, y promovería la cultura social del pago.
El éxito de esta alternativa depende de que el SAT verifique que a cada gasto deducido corresponda un ingreso acumulado. En caso contrario, el SAT auditaría primero al que no acumule y después al que deduzca gastos ficticios.
El último componente de una reforma fiscal para resolver el problema de la informalidad es la transformación de aduanas en recaudadora sólo de IVA, a través de la eliminación del régimen de frontera y de todos los aranceles de importación de nación más favorecida.
Estas medidas simplificarían las operaciones de comercio exterior: desaparecería el incentivo a la subvaluación y al contrabando y no importaría, desde el punto de vista fiscal, la clasificación arancelaria. Por el menor contrabando, la mayor recaudación de IVA en la aduana compensaría la caída en la recaudación por la eliminación de aranceles. La protección efectiva podría, incluso, aumentar.
Además, se reduciría el tamaño del mercado del crimen organizado y la inseguridad en la frontera, así como la informalidad en las calles en el resto del país.
