La evolución política de nuestro país ha sido lenta. Los grandes saltos hacia metas ambiciosas no han sido una ruta demasiado efectiva. Ha sido muy azarosa y errática la suerte de las vastas reformas sociales que inspiraron la Revolución que derrocó a Porfirio Díaz en 1910.
Tardó el país más de 60 años en dar algunos temerosos pasos hacia la muy emproblemada democracia, sometida a los discutibles intereses de partidos, que hoy día a tirones funciona.
Hace más de 25 años que un pequeño grupo de organizaciones ciudadanas impulsó las reformas que produjeron la institución de un padrón técnicamente confiable, la credencial electoral con fotografía, un instituto electoral ciudadanizado y el tribunal electoral. Al paso de los años, hemos presenciado cómo estas instituciones han perdurado, aunque no siempre con la pureza inicial.
Atrás han quedado la mayoría de las mañas que por décadas practicó el partido oficial en forma rutinaria y que se describieron en el manual de fraudes electorales con toda y su picarezca que los acompañaban: robo de urnas, atracos en las casillas, hostigamiento de los representantes de partidos de oposición, alteración de actas, ocultamiento de resultados, eran los eventos que se daban en las elecciones a cualquier nivel y que nos dieron una chusca fama en todo el mundo.
Las diversas reformas que se han sucedido a aquéllas de los años ochenta y noventa del siglo pasado se han venido haciendo cada vez más difíciles, sin embargo, a medida que algunos partidos políticos se adueñaron de los instrumentos de la democracia para usarlos a su interés y provecho.
La fase Democracia Electoral, primera dentro de una evolución que conduce a la Social pasando por la Participativa, se ha estancado en una pesada y miope partidocracia cuya manifestación más clara está en el trabajo del Poder Legislativo.
En efecto, hoy son interminables las demoras legislativas que aquejan cuanta reforma que se intenta hacer no sólo en el ámbito político-electoral, sino el cualquier otro por urgente que sea como es el educativo, el hacendario, el energético o en el laboral, industrial, agrícola, o en salud. Los tropiezos en el Congreso son incontables.
Las actuales reformas políticas aprobadas en el Senado y que pasan ahora a la consideración de los diputados, promueven algunos avances importantes: las candidaturas independientes y reelección de presidentes municipales son de gran trascendencia.
De confirmarse en la Cámara de Diputados la primera, se habrá dado un paso firme para romper el férreo monopolio actual de los partidos. La posibilidad de que un ciudadano se postule fuera del cerrado cerco de los intereses de partidos abre nuevos horizontes aún aceptando los peligros que ello pueda a veces conllevar y que desde luego habrá que atender.
Se dará así la oportunidad de ejercer su opinión y exigencias a millones de ciudadanos que no se sienten cabalmente representados en el actual esquema formal de partidos.
No puede, por otra parte, exagerarse la importancia de extender a periodos sucesivos la actividad de funcionarios de elección popular cuyos méritos sean reconocidos por sus representados. Por fin se rompe el tabú "No Reelección" cuyo origen fue la interdicción a que Porfirio Díaz se perpetuara en la presidencia.
La reelección de presidentes municipales es particularmente conveniente ya que el actual trienio es notoriamente insuficiente para realizar y continuar programas sociales y de infraestructura. La perspectiva de que un buen desempeño sea reconocido y extendido es el mejor aliciente para un servidor honrado y el mejor freno al eventual abuso de su poder.
La reelección de diputados y senadores es deseable. Ella es práctica casi universal y que asegura, siempre y cuando el legislador merezca el respaldo de sus representados, la profesionalidad que tantas veces falta. Se remedia el viciado y ya muy generalizado circuito consistente en hacer carrera política saltando de unas cámaras o asambleas a las otras burlando la letra misma de la "no reelección" y haciendo nugatorio el "sufragio efectivo".
Las diversas reformas, algunas de las cuales han requerido modificaciones constitucionales, han hecho avanzar al país. La elección directa del Jefe del Gobierno del Distrito Federal y la autonomía del INEGI fueron logros que, no hay que olvidar, se debieron a la presión cívica que después se diluyó en el mérito que se atribuyeron los partidos que los adoptaron.
Cualquiera que sea la suerte de las reformas político-electorales que están por ser discutidas en la Cámara de Diputados, en el presente período de sesiones o uno extraordinario, no hay que olvidar que sus verdaderos resultados dependerán del uso que de ellas nos propongamos hacer nosotros los ciudadanos, dueños que somos del poder que da la Democracia y no víctimas de los que la tergiversan.
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