Menos de tres años después de la fusión de la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública en la Fiscalía General del Estado, el gobernador Rubén Moreira envió al Congreso una iniciativa de ley para separar ambas dependencias.
Bajo esta reforma, se restablece la Procuraduría General de Justicia con la responsabilidad de investigar y consignar delitos, con un titular nombrado por seis años con mando sobre el Ministerio Público. También se recupera la Secretaría de Seguridad Pública para concentrar a la policía operativa con la tarea de prevención del delito. Este modelo estuvo vigente en Coahuila hasta febrero de 2009, cuando se fusionaron en la Fiscalía.
