En lo que podría representar la puntilla frente a la obstinación contra viento y marea del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, de despojar de su agua al fértil Valle del Yaqui para apagar la sed de Hermosillo, una juez federal amenaza con utilizar la fuerza pública para obligarlo a acatar un amparo.
Concedido éste a los opositores al proyecto de construir un acueducto denominado "Independencia" que llevaría a la capital del estado el líquido desde la presa "El Novillo" del sur de la entidad, el cuatro de octubre del año pasado, siete meses después el gobernador panista mantiene vivo el desacato.
La protección de la ley apuntaba a la suspensión inmediata de las obras.
De acuerdo a la juez María del Rosario Alcántara Trujillo, "es evidente el incumplimiento de la suspensión provisional concedida, dado que sigue el levantamiento topográfico, mecánica de suelo y proyecto ejecutivo del trazo, además de mantenerse el despalme, limpieza, excavación de zanja, colocación y soldadura del tubo sobre el derecho de vía de la carretera Hermosillo-Mazatlán.
"En consecuencia, señala letra por letra la togada, se requiere al Fondo de Operación de Obras 'Sonora Sí', a fin de que de inmediato suspenda la construcción, obra y trabajos. De lo contrario se solicitará el auxilio de la fuerza pública correspondiente".
La juez ordena hacer del conocimiento de su resolución, fechada el martes pasado, al gobernador de la entidad federativa.
El callejón, pues, parece infranqueable.
Sin embargo, frente a requerimientos similares el propio gobierno ha ejercido todas las argucias del diccionario de marrullerías, al punto de cerrar oficinas públicas para impedir la notificación.
En el rajatabla del He-dicho del gobierno de Padrés, lo mismo se desdeña la visita de los directivos de una empresa japonesa líder mundial en construcción de plantas desalinizadoras, una de las alternativas para impedir el despojo, que se desata una represión sin procedente contra los disidentes.
Como en los viejos tiempos de los gobiernos priístas de los 40 o 50, el gobierno panista lanza a jóvenes afines a su causa a golpear a manifestantes, y utiliza las oficinas públicas como ariete para golpear a opositores, ya con auditorías fiscales, con amenazas de sembrarles droga, o de plano con intimidaciones directas.
La furia del cacique no respeta rangos ni jerarquías. Lo mismo se lanzan campañas de desprestigio contra jueces que conceden amparos, que se denosta a los propios correligionarios como el senador Javier Castelo Parada.
En el camino, se cancelan programas de radio por hablar con objetividad del problema, y se reprime o se amordaza al resto de los medios.
Del tamaño de la respuesta ciudadana a la arbitrariedad desplegada, habla la convocatoria a una marcha-mitin para el próximo martes en Ciudad Obregón, en la que se espera reunir a 40 mil habitantes, el 10% de la población.
La madre de todos los actos similares en Sonora. En el camino, se publicó un desplegado en el que se denuncia la persecución política contra firmantes de otro similar, lanzándose la furia contra los restauranteros.
El dardo va dirigido directamente al gobernador.
"Hace unos días -señala el texto-, firmamos un desplegado recordándole que está fuera de la ley, y nos respondió mandando a su gente a intimidar a una parte de los nuestros, utilizando la dependencia de Alcoholes de Salubridad y Hacienda para golpear a los miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, a quienes se exigía firmar un desplegado a su favor, el cual no les iba a costar ni un peso.
"¿Qué es lo que pretende Gobernador, además de llevarse el agua? ¿Acabar con empresas pequeñas y los empleos que durante años, a base de sacrificios, se han logrado construir con miles de esfuerzos?"
El desplegado se cierra con esta frase: "Juntos somos más que usted y su mal gobierno".
La paradoja del caso es que frente a la brutal represión con toda la fuerza del gobierno, que alcanza a la delegación de Canacintra en Cajeme; a la Unión de Crédito Agrícola del Yaqui y asociaciones de productores de hortalizas, puericultores, productores rurales..., el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Mario Sánchez Ruiz, se ha colocado del lado del gobierno local.
Ahora que en la misma trinchera se ha ubicado el director de la Comisión Nacional de Agua, José Luis Luege, a quien los diputados federales de Nuevo León están acusando de desviar partidas destinados a la entidad para apoyar al proyecto "Sonora Sí".
Por lo pronto, a contrapelo de la filosofía con que se sustenta el despojo, primero la gente y después las tierras, hete aquí que en las inmediaciones de Hermosillo se siguen sembrando cientos de hectáreas... con agua local.
De la trascendencia del Valle del Yaqui en el desarrollo del país, habla el de que de cada dos panes, galletas o porciones de pastel que se consumen a nivel interno, una proviene del trigo producido por éste.
Sonora contra Sonora.
BALANCE GENERAL
En apoyo a la petición oficial de México para integrarlo a la lista de candidatos para la vacante de director-gerente del Fondo Monetario Internacional, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, le envió al organismo un extenso currículum con su apología al calce, "A fin de realizar un proceso de selección transparente, basado en méritos".
El funcionario enumeró en primera persona "mi experiencia en materia de política económica; mis habilidades gerenciales y diplomáticas, con particular énfasis en el desarrollo de la cooperación multilateral; mi conocimiento integral del Fondo, así como de los retos de política que la institución enfrenta, dada la diversidad de sus países miembros, y mi visión estratégica de la institución".
Su modestia le impidió señalar que también ha incursionado en la medicina, vaticinando catarritos cuando se avecinan catástrofes, en afán de no causarle estrés al enfermito.
Sea por Dios.
ACORRALAN A PEMEX
Encabezada la ofensiva por los senadores Graco Ramírez y Rubén Camarillo, perredista uno; panista otro, el director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, debió finalmente, responder ayer a decenas de interrogantes sobre la relación accidentada de la paraestatal con la firma Impulsora Jalisciense, con quien participa en el capital de Mexicana de Lubricantes.
El tiroteo fue al interior de la Comisión de Energía del Senado.
El funcionario debió enumerar la catarata de tropelías cometidas por la firma a quien se le otorgaron todas las prebendas para un desarrollo ilimitado. Desde la exclusividad para la venta de sus productos en la red de gasolineras de la paraestatal, hasta suministro de materias primas a precios bajos.
Entre los puntos que se tocaron fue la absurda propuesta de la paraestatal de cancelar las demandas penales contra su socio, a cambio de aprobarse unos estados financieros reformulados de la compañía del 2001 al 2008.
La privatización parcial de la empresa se realizó en 1993, contabilizándose a partir de entonces más de 60 juicios cruzados entre las partes.
