Los numerosos instrumentos legales que se han adoptado en la última década en México para promover la fiscalización de los recursos públicos y el acceso a la información sobre su manejo, han sido insuficientes para alcanzar una verdadera rendición de cuentas, consideran los especialistas Jesús Cantú, Benjamín Fuentes y Mauricio Merino.
En el reporte Fragmentación de los Sistemas de Gestión para la Rendición de Cuentas, presentado a fines de agosto en un seminario internacional realizado en la Ciudad de México, detallan que del año 2000 a la fecha se han registrado en el país 60 reformas relacionadas con transparencia, acceso a la información y control y fiscalización de los recursos y se han creado diversas instituciones para administrar las normas.
Entre 1978 a 1999, apuntan, se realizaron 13 reformas a disposiciones fiscales relacionadas con el buen uso de los recursos públicos, mientras que de 2000 a la fecha suman 21.
"Los diagnósticos recientes sobre la materia nos dicen que esa multiplicación de normas y de instituciones no ha logrado articularse en torno de una verdadera política de rendición de cuentas, lo que a su vez ha generado costos y cargas administrativas inéditas para el aparato burocrático de los tres niveles de gobierno y ha engendrado resistencias frente a los propósitos originales de las propias reformas promulgadas", advierten.
"Mientras más normas y más instituciones se han creado, más evidente ha resultado que la administración pública de México no cuenta todavía con los medios idóneos para rendirle cuentas claras, completas y coherentes a la sociedad".
Organismos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IFAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la propia Secretaría de la Función Pública (SFP), creados en los últimos 11 años, remarcan, han hecho contribuciones dignas de reconocimiento para la mejora de la gestión pública.
Sin embargo, insisten, se carece todavía de una política pública capaz de armonizar y potenciar los efectos de su labor para avanzar en la rendición de cuentas.
Por otra parte, señalan, los cambios en favor de la transparencia y la fiscalización de recursos públicos han registrado un avance muy desigual a nivel de las entidades federativas y los ayuntamientos.
"Ha sido en las entidades federativas y en los municipios -en razón de su limitado desarrollo administrativo y la vulnerabilidad de sus instituciones--, donde esos cambios han encontrado las mayores resistencias y donde se han producido regresiones que han amenazado incluso la vigencia de los nuevos derechos conquistados", alertan.
Merino, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que las mismas instituciones gubernamentales coinciden en que en México aún no existe un sistema eficaz de rendición de cuentas.
"A pesar de reconocer avances, los diagnósticos académicos, la experiencia de las organizaciones sociales y aún la visión de las instituciones gubernamentales coinciden en destacar que todavía no tenemos un sistema articulado de rendición de cuentas y sí múltiples ejemplos de simulación, impunidad y retrocesos a lo ganado", señaló.
