Entre más homicidios se cometen en México menor es la eficacia de las autoridades para investigarlos y sancionarlos.
De acuerdo con cifras oficiales, mientras que en 2007 se dictó sentencia en 24 de cada 100 muertes, en 2009 esta cifra disminuyó a 18 de cada 100.
Este porcentaje de resolución es el segundo más bajo en la última década y coincide con el repunte que a partir de 2008 han tenido los homicidios en el país, impulsado, sobre todo, por los asesinatos cometidos por el crimen organizado.
Edna Jaime, directora de la organización México Evalúa, señaló que en la lucha contra la criminalidad sólo se ha fortalecido la parte policiaca, en donde ha sido visible la canalización de recursos y el mejoramiento aparente de la Policía Federal.
Sin embargo, no ha habido mucho interés por mejorar al Ministerio Público, que es la institución a la que le corresponde realizar las investigaciones, agregó.
"A mí me parecen las cifras verdaderamente escandalosas. Si el sistema penal no es capaz de investigar, esclarecer y sancionar el delito más grave, entonces, pues no nos está sirviendo de nada", resaltó.
"Yo creo que si un sistema no puede esclarecer homicidios es que no sirve. El robo de una bicicleta, el pleito entre vecinos, hay muchas cosas que difícilmente el sistema va a resolver, aunque se le atiende igual que un homicidio. Ese es el problema en nuestro sistema de justicia penal, cualquier delito que entra se le procesa de la misma manera".
En 2007, durante el primer año de la administración del Presidente Felipe Calderón, las Procuradurías de las 32 entidades federativas reportaron al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) haber iniciado 25 mil 133 averiguaciones previas, tanto por homicidios dolosos, es decir aquellos que fueron intencionales, como culposos, que fueron ajenos a la voluntad del responsable.
En ese mismo año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se dictaron 6 mil 54 sentencias por ese delito en ambas modalidades, cifra que representa el 24 por ciento de las averiguaciones iniciadas.
Al año siguiente, en 2008, el Ministerio Público abrió 28 mil 018 indagatorias y fueron dictadas 6 mil 236 sentencias, que representan el 22.2 por ciento.
En 2009, último año del que se tienen las cifras disponibles del Inegi, las Procuradurías iniciaron 31 mil 545 averiguaciones y se dictaron 5 mil 829 sentencias, es decir el 18.4 por ciento.
Todas las cifras están referidas tanto a homicidios dolosos como culposos, pues, aunque los números del SNSP sí distinguen entre una y otra modalidad, el Inegi no lo hace.
José Antonio Caballero, director de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), indicó que la capacidad del Ministerio Público para resolver estos crímenes es limitada.
"Los datos que me estás dando, lo que te están mostrando, es que la capacidad de investigación de las Procuradurías del país parece estar limitada", señaló.
"Si te fijas, el número de homicidios duro que te están resolviendo es bastante estable al margen del número de homicidios que se están cometiendo. Lo que te está diciendo es que no va ni para atrás ni para adelante la capacidad de investigación, es estable".
El problema, añadió, es que esa capacidad de resolución es bastante baja si se compara con el estándar internacional, pues cuando menos el 50 por ciento de los homicidios debería de ser sancionado.
Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), indicó que la falta de efectividad en la resolución de los homicidios, se debe, entre otras cosas, a que las Procuradurías no cuentan con los protocolos de investigación y de intercambio de indagación adecuados.
Esperan consenso en Ley de Amparo
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional (PAN), confió en que la Ley de Amparo sea aprobada por consenso de las diferentes fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta , antes de que concluya el actual periodo de sesiones.
"Yo creo que sí hay consenso porque así se ha venido trabajando y ojalá la podamos sacar antes de abril", señaló durante su participación en el seminario "Análisis de la iniciativa de la nueva Ley de Amparo", realizado en la Escuela Libre de Derecho.
El legislador por Baja California precisó que la nueva ley se encuentra actualmente en las comisiones de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, para ser dictaminada.
"Ahora estamos analizando, recabando opiniones, puntos de vista de diferentes sectores involucrados con la iniciativa. Ya pasado esto, se estará distribuyendo un anteproyecto de la iniciativa para que todo mundo la conozca y tenga la posibilidad de opinar, pero lo que sí queremos es hacerlo a la brevedad posible para que podamos presentar el dictamen en este período de sesiones", agregó.
González Alcocer sostuvo que este nuevo marco jurídico, en caso de avalarse, ampliará la posibilidad de que aquel que se sienta afectado o perjudicado en sus intereses pueda recurrir al amparo.
Se amplía la posibilidad de que la gente recurra al juicio de amparo, en donde se abre la posibilidad del interés legítimo, a diferencia de lo que hoy ocurre con el interés a nivel jurídico, señaló.
