El gobierno de Tamaulipas y la Secretaria de Seguridad Pública federal determinaron que a partir de ahora los reos federales con sentencias ejecutoriadas, internos peligrosos y consignados por delitos del fuero común, serán reubicados a centros penitenciarios federales.
El comisionado titular del Organo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Eduardo Gómez García, y el gobernador Egidio Torre Cantú, se reunieron hoy para tomar acuerdos entre ambas ordenes de gobierno en materia de seguridad penitenciaria.
Esto a raíz de la fuga masiva de 61 internos del Penal Número 2 de Nuevo Laredo registrada el pasado día 15 de julio, en la que también murieron siete internos más.
Respecto a los reos del fuero federal con sentencias ejecutoriadas, se hizo énfasis en que su reubicación en los penales de la federación será en forma paulatina y no de manera inmediata.
También el reforzamiento conjunto federación-estado para el resguardo exterior de los penales, así como la seguridad interna por parte del gobierno de la entidad.
Sobre el particular, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Morelos Canseco Gómez, precisó que el gobierno de Tamaulipas y el órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la SSP federal identificaron a 300 reos del fuero federal y 400 del fuero común con sentencia ejecutoria.
Señaló que estos internos, por sus características de peligrosidad, deben ser trasladados a centros federales de alta seguridad.
'Estamos convencidos de que la elevación de la capacidad de los penales estatales tienen que ver con la colaboración que podemos tener con el gobierno federal, que cuenta con instalaciones idóneas, tenemos que reconocerlo, lo que ayudará para el traslado de reos tanto del fuero federal como del fuero común', dijo Canseco.
Refirió que de acuerdo con el diagnóstico, unos 300 reos ya tienen sentencias ejecutoriadas, mientras que en el caso de los internos del fuero común con procesos en curso y son peligrosos para el resto de la población penitenciaria suman unos 400.
El funcionario habló de que el sistema garantista de la Constitución establece la ubicación del reo en términos de cercanía a su lugar de residencia, y señala también condiciones de internamiento en términos del lugar donde se cometió el ilícito.
Dijo que atendiendo condiciones de riesgo o peligro, la autoridad debe lograr 'que el traslado del reo sea al centro que ofrezca las condiciones para asegurar la tranquilidad de la sociedad y que en esa ubicación independientemente del lugar de residencia del reo o del lugar donde se cometió el ilícito pueda llevar su proceso legal'.
Comentó asimismo que en el tema de la seguridad penitenciaria ayudaría en mucho la tecnología, que ofrece muchos elementos útiles al respecto.
'Por ejemplo articular una confesional a través de una videoconferencia, así a cientos de kilómetros de distancia estarían abogados y jueces y en el centro de reclusión el reo respondiendo su cuestionario', indicó el funcionario.
Canseco Gómez rechazó asimismo que los penales estatales tengan problemas de sobrepoblación, y precisó que los reclusorios de Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Victoria y Altamira tienen una población de mil reos cada uno, y sólo el de Matamoros cuenta con mil 626 internos.
'Prácticamente no tenemos problema de saturación y la sobrepoblación no va más allá del dos o tres por ciento de la capacidad instalada', por lo que, 'actualmente ese no es el punto' sino la verdadera readaptación de los internos.
Indicó que en algunos casos el proceso de readaptación se puede lograr de mejor manera si los reos son trasferidos a las Islas Marías, considerando que en prisiones de Tamaulipas hay internos con las características idóneas para su traslado a dicha colonia penal.
'No se debe olvidar, aunque hablemos de asuntos que agravian a la sociedad, que la filosofía de la Constitución es la readaptación social del delincuente', subrayó Canseco.
