El fallecimiento de un comisionado (en Nuevo León los integrantes del órgano de dirección del órgano electoral son comisionados, no consejeros) evidenció la partidización en la designación de estos puestos. Desde la segunda mitad de los noventa, cuando surgió en el país la ciudadanización de los máximos órganos de dirección de los órganos electorales (en el caso del Instituto Federal Electoral, en 1996), los partidos políticos se empeñaron en revertirla; en algunos casos, incluso sin que jamás siquiera se haya concretado.
La ciudadanización surgió como la opción para enfrentar el fraude electoral, que el entonces partido dominante (PRI) ejecutaba vía el control de las autoridades electorales; para acabar con dicho control se optó por la designación de ciudadanos sin militancia partidista que aseguraran la imparcialidad de las autoridades electorales.
Esto se logró plenamente en el Instituto Federal Electoral en 1996; en los casos estatales, en realidad no puede establecerse una fecha definida y, en algunos casos, hay que reconocer que dichas autoridades nunca han sido totalmente imparciales, pues siempre han estado sujetas al abierto control del Gobierno o, al menos, a una clara injerencia del mismo. En otros más, realmente lo que sucedió fue que los partidos políticos se repartieron los puestos disponibles y obviamente la mayoría la obtenía el partido con mayor representación en el Congreso.
En el caso del IFE, esto fue precisamente lo que realmente dio inicio al conflicto electoral del 2006, pues desde la renovación del Consejo General en octubre de 2003, el PRI, PAN y PVEM se repartieron los nueve puestos y dejaron fuera a la izquierda, que fue la que se quejó de la parcialidad del órgano electoral en las históricas elecciones.
En el caso de Nuevo León, hasta estos momentos, más allá de las infaltables quejas de los actores políticos, en todas las elecciones organizadas por el órgano electoral, todos han acatado las decisiones de las autoridades electorales, aunque no pocas han sido revocadas por el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En diciembre del año pasado, los legisladores designaron a nuevos integrantes del órgano superior de dirección en un claro y evidente reparto partidista. El caso de Nuevo León es sui generis, pues es el único en el que los integrantes del órgano superior no son de tiempo completo, sino parcial; por otra parte, está integrado por cinco miembros numerarios, titulares, que fungen como comisionados siempre que asisten, y dos denominados supernumerarios, que cubren cualquier ausencia temporal de uno de los miembros titulares.
El 26 de diciembre del año pasado asumieron sus cargos cinco nuevos miembros, tres numerarios y dos supernumerarios; los legisladores del PRI y el PAN, se repartieron dichas posiciones, particularmente las tres de los titulares, en los que básicamente fueron uno para cada uno y, el tercero, que obtuvo el apoyo de sus compañeros para ser designado presidente, fue un joven abogado, con nula experiencia electoral y que los dos partidos consideraron como imparcial.
Sin embargo, poco más de un mes después, el 1 de febrero de este año, falleció Roberto Villarreal Roel, apoyado por el PRI y designado secretario de la comisión, por lo cual se generó una vacante. Finalmente, el pasado 29 de marzo, después de casi dos meses de demora, el Congreso del Estado aprobó la convocatoria, pero con el voto en contra del PAN, que le disputa al PRI la posición y, por lo tanto, no estaba de acuerdo en que únicamente estuviera abierta 6 días hábiles, cuando el año pasado había estado por 22 días.
El día 5 de abril el PAN interpone un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por dicho hecho; pero el jueves 7 de abril, último día del plazo, acarreó a cientos de simpatizantes para que se inscribieran como candidatos a ocupar el lugar vacante en la Comisión Estatal Electoral. Para dar una idea de la magnitud de la operación, el año pasado para ocupar 5 puestos se inscribieron 55 candidatos; en esta ocasión, para un único puesto, se inscribieron 940 candidatos.
El viernes 8 de abril, el PRI denunció que el que quiere infiltrarse en la CEE es el PAN, pues la apuesta del blanquiazul es evitar cualquiera acuerdo y, por lo tanto, proceder a la insaculación de entre los candidatos que cumplan los requisitos y, al tener, un número considerablemente más alto de participantes tener mayores probabilidades de obtener dicho cargo. De acuerdo con la legislación la designación se tiene que hacer por las dos terceras partes de los diputados presentes, que en este caso son 28 votos favorables, para lo cual se requiere necesariamente la participación de, al menos, tres diputados de la bancada panista, pues el PRI cuenta con 20 diputados y todo el resto de la oposición se reparte otros 5, más los 17 del PAN.
Para ponerlo en blanco y negro, la inesperada muerte del comisionado priista evidenció con meridiana claridad los acuerdos partidistas, que desde luego en este caso pretende desconocer el panismo neoleonés. Esta práctica, que es precisamente la que ha detenido la designación de los tres consejeros faltantes en el Consejo General del IFE, en realidad ya dio al traste con la pretendida ciudadanización de los órganos electorales.
En México los mejores diseños institucionales sucumben ante la capacidad de perversión de nuestros actores políticos. Ese es el reto que hay que enfrentar: construir instituciones incluso a prueba de nuestros políticos, lo cual no es nada sencillo.
