Finalmente, acosado a doble flanco por el Congreso y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, invalidará la operación por medio de la cual un grupo de bancos vendió a una empresa estadounidense la firma transportista de Valores Servicio Panamericano de Protección.
Digamos que ante la posibilidad de que el asunto llegara a la Suprema Corte vía un amparo indirecto, el funcionario decidió cortar por lo sano.
La razón es simple: la Ley de Inversiones Extranjeras prevé una cláusula de exclusión para extranjeros en la propiedad de firmas transportistas, lo que coloca en la ilegalidad la operación.
La compradora, de razón social Brink's, detentaba desde 1965 el 20% de un capital pulverizado de la firma transportista de valores, lo que la convertía en mayoritaria... por más que su participación no tenía derecho de voto, al estar las acciones integradas a un fideicomiso neutro de Nacional Financiera.
La compra, pues, había sido de 80% restante, lo que la ubicó como reina.
Adicionalmente, el alegato de las Cámaras de Diputados y de Senadores, en sendos puntos de acuerdo enviados al funcionario, hablaba de violaciones a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, al quedar en manos de una firma extranjera el mando de un ejército de custodios armados.
De hecho, la reversa que ejecutará Ferrari, cuya acción ya se le adelantó a los legisladores, llegó tras una reunión entre representantes de la propia Secretaría de Economía, de la Defensa Nacional y de Gobernación.
Los siete bancos que habían cerrado la transacción, pues, deberán buscar otro comprador, sólo que nacional, con la novedad que existe ya un grupo interesado que ofrece superar la oferta de Brink's. Los vendedores eran Santander, BBVA Bancomer, Banamex, HSBC, Scotiabank, Banorte y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
La paradoja del caso es que, en el sexenio pasado, en un primer intento de llevar a Brink's al dominio total de la firma, la propia Secretaría de Economía, vía la Dirección General de Inversiones Extranjeras, había señalado que la operación no vulneraba el artículo sexto de la Ley de Inversiones Extranjeras.
Revivido el asunto, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga lanzó una campaña abierta contra un escenario que dejaba al arbitrio de funcionarios menores la interpretación de la ley.
Más aún, el alegato hablaba de que la venta al capital extranjero de la firma transportista de valores era violatorio de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En el camino, la Cámara de Diputados le solicitó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación un informe detallado de la forma en que operaba a nivel internacional la empresa Brink's, además de cuál era su papel en la administración de Serpaprosa, dadas las operaciones conjuntas realizadas con la matriz en la frontera.
Más allá, aunque los bancos habían festinado la operación cuyo monto no se hizo público, se exigía a la Secretaría de Economía aportar toda la documentación, es decir los fideicomisos, los estatutos, las declaraciones de impuestos y demás.
La amenaza hablaba de citar a comparecer a Ferrari con sólo un punto en la agenda: el caso Serpaprosa. Más que del plato a la boca, la operación de venta de Serpaprosa, se cayó cuando los bancos la tenían ya en el estómago, por más que estaban conscientes de que se trataba de una excepción a la ley. Reversa, pues, hacia el terreno del derecho.
BALANCE GENERAL
Ahora resulta que en afán de darle la vuelta a la tajante afirmación del ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, de que el gobierno no colocaría en la mesa un solo centavo para el rescate de Mexicana de Aviación, sus ex subordinados están tratando de disfrazar una quita de 75% a la deuda que mantiene la línea aérea con Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con un trueque... de chatarra.
Según intentan pactar el subsecretario de Transportes, Humberto Treviño, y el director de Aeronáutica Civil, Gilberto López Meyer, la firma aérea entregaría una serie de refacciones chatarra, además de algunos inmuebles.
El problema, naturalmente, es que la catafixia, como diría Chabelo, sentaría un precedente para el resto de las aerolíneas nacionales, cuyos directivos exigirían idéntico trato.
Imagínese usted a los directores de Aeroméxico, Interjet o Volaris, llegar con su costal de fierros oxidados a ver de a cuánto será la rebajita.
VITRO OTRA VEZ
Finalmente, como lo habíamos adelantado en este espacio, el grupo Vitro presentó ante un tribunal de alzada una impugnación contra la resolución del juez Cuarto Civil y del Trabajo de Monterrey, Francisco Flores Sánchez, que rechazó su solicitud de concurso mercantil con acuerdo previo del 68% de los acreedores.
Como usted sabe, de acuerdo al togado, éste no procedía al involucrar en la masa de deudas la principal fabricante de vidrio en México no sólo sus emisiones de deuda, sino los débitos hacia sus filiales o deudas intercompañías.
El monto total era de tres mil 400 millones de dólares, de los cuales mil 500 correspondían al primer rubro y mil 900 al segundo.
El problema, de entrada, es que la posibilidad de plantear todas las deudas en la mesa para calibrar con justeza la capacidad real de pago de firmas en problemas, se ha aceptado sin restricciones en otros casos, por ejemplo, Comercial Mexicana, Mexicana de Aviación y el Grupo Durango.
El alegato de Vitro apunta, además, a que el juez pudo abrir un periodo de 180 días para que los visitadores del Instituto Federal de Concursos Mercantiles certificaran la validez de las cifras.
Había, pues, espacio para reconocer una por una las deudas colocadas en la mesa.
Del otro lado, los cuatro fondos extranjeros que mantienen en su poder parte de los papeles de deuda emitidos por la compañía, adquiridos en algunos casos a 14 centavos de su valor, están insistiendo a su vez en que se revoque la decisión del propio togado para emplazar a la firma con sede central en Monterrey a un concurso mercantil... sólo que involuntario.
UNA DE CAL
Bajo el argumento de ser "notoriamente improcedente", la Suprema Corte de Justicia rechazó una solicitud de Controversia Constitucional planteada por la Cámara de Diputados para impugnar nombramientos realizados por el presidente Felipe Calderón de integrantes "profesionales" de los Consejos de Administración de subsidiarias de Petróleos Mexicanos.
Los nombramientos, entre otros, de Héctor Moreira y Jaime Zabludowsky, se dieron a conocer el 10 de junio del año pasado.
PATITO FEO
El gran ausente en la catarata de funcionarios públicos que fueron a tirar línea a la Reunión Nacional de Industriales celebrada el fin de semana pasado en Toluca, fue el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.
El asunto tendría sólo perfil anecdótico, de no ser por el papel que juega éste en la posibilidad de una reforma a la Ley Federal del Trabajo.
La relación entre la cúpula industrial y el funcionario ha sido ríspida, dadas las acusaciones que lanzó contra uno de sus ex presidentes, a quien culpó de irse a pasear en lugar de acudir a una reunión de la Organización Internacional del Trabajo en la que había sido designado representante de México.
Más allá, Lozano corrió de su staff de subsecretarios a otro de los ex dirigentes del organismo, Javier Prieto de la Fuente.
