Ante las políticas de criminalizar a los jóvenes y de usar a los menores de edad como objeto de prueba, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) podría echar abajo los avances que el GDF tenía respecto a la recomendación 11/2008 del caso New's Divine.
A tres años de la tragedia en la que murieron nueve jóvenes y tres policías, la comisión hizo un llamado a Marcelo Ebrard, mandatario de la Ciudad de México, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia local, Édgar Elías Azar, a atender a las familias de las víctimas y darles un trato digno.
"Hacemos un enérgico llamado al jefe de gobierno para que, desde la obligación que adquirió al aceptar la recomendación, encabece él mismo una evaluación seria de la atención que se ha dado al dolor que servidores públicos generaron, y siguen generando a las familias, y para que tomen las providencias debidas y reorienten sus acciones hacia las satisfacción plena a sus demandas de justicia".
Al presidente del Tribunal le exigió sensibilidad para que tenga en cuenta que en este caso las víctimas no son los servidores públicos, y obligue a los empleados de ese poder a darles un trato digno y respetuoso de ese máximo órgano judicial, del cual los deudos esperan justicia.
Luis González Placencia, presidente de la CDHDF, dijo que hará una revisión sobre los avances de la recomendación, y un informe sobre la atención dada a las víctimas no mortales, además de que se pedirá a la jefatura delegacional en Gustavo A. Madero, mantener limpio y digno el lugar de muerte de aquel 20 de junio de 2008.
Aunado a ello se revisarán las acciones policiales que involucren a jóvenes, pues con los recientes operativos contra fiestas calificadas como clandestinas, se corre el riesgo de otro New's Divine.
Los últimos dispositivos policiales han generado tres quejas de oficio, y el encarcelamiento de chicos acusados de corrupción de menores, "en vez de darles otras alternativas, con lo cual también se acaba con sus vidas", dijo González Placencia.
En la conferencia, familiares de las víctimas pidieron que se abran averiguaciones previas contra el entonces jefe de la Policía, Joel Ortega, procurador capitalino, Rodolfo Félix, y delegado en Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil, respectivamente.
Los padres de Isis Tapia y la mamá de Rafael Morales Bravo exigieron a la Procuraduría capitalina que abra las denuncias correspondientes contra ellos, pues sólo fueron llamados a declarar en el juzgado.
"Joel Ortega era el jefe de la Policía y al ser interrogado por el juez, decía que no sabía nada, cómo es posible eso", mencionó el señor Jesús Tapia.
"Quien no era servidor público ahora está preso, y quienes planearon el operativo siguen libres, incluso trabajando en el GDF", indicó el ombudsman Luis González Placencia.
Tal es le caso del Jefe del Estado Mayor Policial, Luis Rosales Gamboa, a quien "no sólo no despidieron sino que lo premiaron con un ascenso de puesto" lamentó Jesús Tapia, padre de la joven Isis Gabriela Tapia Barragán.
De los 40 puntos recomendatorios, 36 han sido cumplidos, pero serán revisados.
"De cara a los puntos no cumplidos, y sobre todo ante el sentir de las víctimas, es obligado hacer una evaluación más cualitativa que de idea clara del estado actual de la recomendación del caso New's Divine", explicó el presidente de la CDHDF.
Otra petición que se analiza a la SSPDF, es la creación de un cuerpo policía preparado para atender casos vinculados con la juventud.
Entre los pendientes están los procedimientos administrativos en contra de policías preventivos, y contra tres funcionarios de la delegación Gustavo A Madero, así como las sentencias de los 20 procesos radicados en el juzgado 19 penal.
La señora Leticia Morales dijo a los funcionarios que les han pedido paciencia -procurador y magistrado presidente-, que "mejor se pongan a trabajar".
Sentencias Faltantes
El ombudsman lamentó que los ex servidores públicos involucrados hagan uso de lo que los abogados denominan chicanas, que es hacer uso de argucias legales, para retrasar sus sentencias.
Dijo que con los juicios orales esto no sería posible, pero el GDF no ha avanzado hacia la reforma penal como se esperaba.
En este sentido, el padre Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, criticó las declaraciones del titular del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal sobre que en tres meses habrá sentencias cuando él mismo propuso a Rafael Guerra, juez 19 de lo penal al cargo de magistrado, lo cual le fue concedido.
Ello generó atraso a uno de los procesos más importantes, pues un nuevo juez tuvo que estudiar todo el expediente.
Una de las peticiones hechas por jóvenes que se forman como defensores de derechos humanos, fue la renuncia del Director del Instituto de la Juventud.
