La sorpresiva confesión de parte del abogado de la cadena de franquicias Alsea, Guillermo Díaz de Rivera, de que le entregó un soborno al juez de la película "Presunto Culpable" para "obsequiar" una orden de aprehensión contra los dueños de los restaurantes "Italianni's", está provocando una carambola de tres bandas.
Hete aquí que los socios mexicanos del Grupo Aeroportuario del Pacífico analizan la posibilidad de una demanda en Estados Unidos y la Unión Europea en su contra, con base a la "Foreing Corruption Practices Act".
El escenario exhibirá al Gobierno mexicano en dos fases: la posibilidad de corromper a la justicia y la fragilidad con que vulnera la Ley en el país.
La vela en el entierro es que el abogado al servicio de un despacho de capital estadounidense se ostenta, a contrapelo de la Ley, como presidente del Consejo de Administración del emporio de terminales aéreas que incluye las de Tijuana y Guadalajara, ubicadas como las de mayor tráfico después de la capital y Cancún.
De acuerdo a lo dispuesto en el Título de Concesión con que opera el Grupo Aeroportuario del Pacífico, corresponde a los socios mexicanos el proponer presidente, por más que los extranjeros, en este caso españoles, tengan mayoría en el "paquete de control".
Como usted sabe, en la sociedad caben la Controladora Mexicana de Aeropuertos y las firmas ibéricas Abertis y Aeropuertos Españoles de la Navegación Aérea (AENA), propiedad ésta del gobierno europeo.
La primera reconoce como presidenta a Laura Díaz Barroso, quien fue ratificada en una asamblea celebrada el 17 de abril del 2010, aprobándose de pasadita un reparto de utilidades por 900 millones de pesos, en paralelo a una disminución de capital.
El caso es que el dos de junio siguiente los españoles convocaron a otra asamblea en la que se nombró un nuevo presidente, Demetrio Ullastres, así como un nuevo consejero, además, naturalmente, de desconocer los acuerdos de la anterior.
Sin embargo, para los socios nacionales, ésta carecía de validez, dado que no reunió el quórum reclamado; se celebró en un lugar distinto al estipulado en la convocatoria, y no se clarificó la orden del día.
Más aún, tampoco se convocó a la totalidad de los consejeros.
El embrollo provocó la suspensión de las acciones del GAP en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores, que debió levantarse 10 días después ante la amenaza de una demanda colectiva de los tenedores extranjeros del 55 por ciento del capital de la firma.
En el camino, los españoles se sacaron de la manga la nominación del abogado Guillermo Díaz de Rivera, quien fungía como su litigante, como presidente, lo que motivó un extrañamiento de la tradicionalmente pasiva Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La dependencia abiertamente califica de ilegal el nombramiento.
El escándalo estallará el miércoles de la semana próxima, cuando se celebre una nueva asamblea en un escenario en que se descubrió que la firma, quien se niega a repartir utilidades, erogó 18 millones de pesos para "gastos legales", sin que se clarifique en concreto su destino. De hecho, se habla de un informe explosivo del Comité de Auditoría del Grupo Aeroportuario.
Entre las cuestiones extrañas, además, está el hecho de que uno de los integrantes de la directiva espuria que encabeza Díaz de Rivera, Javier Mangino firmó los acuerdos de la asamblea en que se decretaba el reparto de dividendos y la disminución de capital, y ahora se contradice.
Por lo demás, la presencia de AENA en la sociedad es contraria a lo estipulado por el Artículo 34 de la Ley de Aeropuertos, que señala letra por letra que los concesionarios o permisionarios del sector aeroportuario en ningún caso podrán ceder ni en forma alguna gravar, transferir o enajenar la concesión o el permiso y los derechos conferidos, así como los bienes objeto de ellos, a ningún grupo extranjero.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues, olímpicamente permitió la violación, por más que se habla de una filial en México de la firma propiedad del gobierno español. El escándalo, pues, está doblando la esquina: Abogado sobornador como presidente ilegal de un grupo de aeropuertos.
BALANCE GENERAL
Curioso, por ubicar un calificativo, que de pronto, al fragor de la llamada "Guerra de Titanes", la Comisión Federal de Competencia haya desempolvado un expediente abierto desde el 2006 a petición de la Telefónica México, para aplicar a Telcel una multa sin precedente en toda su historia: 11 mil 989 millones de pesos.
Curioso, por ubicar un calificativo, que ante un empate del pleno del organismo en combate a las prácticas monopólicas, la balanza la haya inclinado contra la filial de Teléfonos de México el voto de calidad del presidente de éste, Eduardo Pérez Motta.
Curioso, por ubicar un calificativo, que se haya justificado la multa bajo el agravante de reincidente a la firma acusada de imponer tarifas para terminación de llamadas en su red, aprovechando su condición hegemónica, cuando no existe en firme una condena previa.
De hecho, el eje de la estrategia en defensa de la compañía se sustentará en este punto. La pelea, según América Móvil, la controladora de Telcel, será con todo.
TARJETA AMARILLA
En la posibilidad de que TC Group se siga por la libre, tras iniciar negociaciones con el fondo Advent para adquirir las acciones de Mexicana de Aviación que le entregó en calidad de papa caliente el grupo que encabezaba Gastón Azcárraga Andrade, el conciliador y administrador general de la firma, Gerardo Badín, le está mostrando tarjeta amarilla.
La exposición de motivos señala que aún no hay una decisión tomada, dado que existen dos grupos más que han cubierto la exhibición mínima de capital, es decir Avanza Capital, y el que encabeza Gerardo Barona.
Total, el plazo de gracia vence el 29 de junio.
El problema es que los trabajadores de la firma llevan ocho meses sin cobrar, en tanto Badín sigue recibiendo sus jugosos honorarios.
Y el problema, además, es que en la pasmosa calma con que se toma el asunto, se está mosqueando la posibilidad que American Airlines pudiera hacerse del 25 por ciento de la empresa.
Se diría, pues, que Badín no quiere reincidir en su absurdo de octubre de 2010, cuando señaló a los cuatro vientos que el grupo más viable y que tiene todos los requisitos para hacer volar a Mexicana de Aviación, era PC Capital.
CONGELAN TARIFAS
En afán de garantizar el abasto de granos básicos, en plena temporada de cosecha de trigo en Sonora, las firmas de carga ferroviaria Ferromex y Ferrosur están congelando sus tarifas.
El beneficio alcanza también al maíz y sorgo.
Como usted sabe, las heladas de principio de año provocaron graves problemas para cubrir las necesidades de abasto del país, lo que obligó a una inaudita resiembra de emergencia.
El incremento que se había previsto en el costo de los fletes era de entre seis y siete por ciento.
albertobach@yahoo.com.mx