Desbordada la guerra de gigantes hacia un escenario inaudito en el que el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, le abre surco a la burla sangrienta popular contra el magnate Carlos Slim, el PAN está tratando de reencarrilar la posibilidad de una reforma a la Ley Federal de Competencia Económica.
Como usted sabe, la alternativa planteada por el presidente Felipe Calderón se congeló en la Cámara de Diputados, tras una serie de modificaciones en el Senado que irritaron a los panistas.
La paradoja del caso es que el segundo intento se plantea, justo, sin los puntos modificados por los priístas, es decir, sin dientes para la Comisión Federal de Competencia y con una serie de rendijas para permitir el paso de amparos de las empresas hegemónicas.
Nacida para perder.
De entrada, por ejemplo, se eliminó la posibilidad de cárcel para los dueños de las firmas o sus directivos cuando éstos reincidan en prácticas monopólicas absolutas.
Más allá, se elimina la posibilidad de visitas-sorpresa de la instancia en custodia del ordenamiento a las firmas sospechosas de utilizar subsidios cruzados o de constituir cárteles para eliminar a la competencia.
Adicionalmente, se descarta la posibilidad de que la propia Comisión Federal de Competencia ordene la suspensión precautoria de un acto reclamado mientras se desahoga la investigación correspondiente, en afán de no dañar más la posibilidad de competencia. Y si le seguimos, se vuelve irrisoria la posibilidad de multas previstas contra los infractores.
Como usted sabe, el Ejecutivo proveía una modificación al artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica para cambiar las penas pecuniarias sobre la base de salarios mínimos, hacia el global de las ventas de las empresas acusadas de prácticas monopólicas.
La pretensión original hablaba de 10 por ciento sobre las ventas nacionales, por más que en la Unión Europea el monto, cuando se trata de firmas multinacionales, engloba a los ingresos totales.
Sin embargo, espantados por la posibilidad de cifras de nueve dígitos, o quizá por el que a la hora de las campañas políticas las compañías hegemónicas les levantaran la canasta a los partidos, los senadores decidieron reducir el monto a menos de la mitad, es decir, dejarlo en cuatro por ciento.
El caso es que la posibilidad siguió asustando a los priístas, quienes se dejaron doblar las manos ante un feroz cabildeo de las firmas en el banquillo, obligándoles a sacar de la manga una insólita carta.
Se reduce la multa del cuatro al tres por ciento... pero de las ventas de la empresa en el mercado relevante.
Digamos que si una compañía resulta culpable de una práctica ilegal, el castigo será sólo por el ingreso derivado de ésta, digamos la interconexión de Telcel.
Así de absurdo.
"Casualmente" la alternativa estaba plasmada en documentos entregados por los activos cabilderos.
El problema es que ésta no existe en ningún país del mundo.
Más aún, su aplicación resulta misión imposible, toda vez que la Comisión Federal de Competencia estaría sujeta a que la empresa le entregue la información correspondiente, quien se valdría de mil argucias legales o legaloides para impedirlo.
Y aunque en el papel la dependencia encabezada por Eduardo Pérez Motta podría solicitar el dato a la Secretaría de Hacienda, lo cierto es que ésta no lo tiene.
Ninguna empresa paga sus impuestos con base en el desglose por mercado.
Y suponiendo, sin conceder, que las empresas aceptaran dócilmente entregar la información para que se les aplique el castigo, hete aquí que su monto, en algunos casos, podría resultar inferior al que se aplica actualmente, cuyo nivel máximo es de 78.9 millones de pesos por prácticas monopólicas absolutas y 47.3 por las relativas, equivalentes a un millón 500 mil y 900 mil veces el salario mínimo.
La CFC, pues, tendría más afiladas las uñas con la ley actual que con la reforma.
El ridículo, pues, frente al 30 por ciento de los ingresos brutos anuales, es decir, antes de impuestos, de las empresas infractoras, con que castiga Brasil las prácticas monopólicas.
Regresa pues el fantasma, sólo que con cara de Gasparín.
La Ley del Tío Lolo.
En el tiroteo sin tregua de todos contra Telmex-Telcel y éstas contra todos, ahora las firmas del magnate Carlos Slim están demandando a Axtel-Avantel ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones por supuestas prácticas de piratería, es decir, utilizar el llamado "by pass" para interconectar sus llamadas en soslayo del pago correspondiente.
Sin embargo, la firma negó de inmediato la acusación, alegando que su tráfico de llamadas se realiza por circuitos de interconexión.
De hecho, en el contraataque la empresa con sede central en Monterrey está acusando a su rival de negarle la interconexión desde el 2006.
Ahora que, en el más de lo mismo, ayer Iusacell presentó ante la misma instancia una querella contra Telcel por supuesto incumplimiento de las reglas de portabilidad, es decir, el derecho de que un cliente se cambie de proveedor conservando su mismo número.
El toma y daca, pues, está a todo lo que da.
CABLEMÁS NO PASA
Aunque en el papel pareciera no haber problema para que la Comisión Federal de Competencia le autorice a Televisa incrementar del 58.3 al 100 por ciento su participación en Cablemás, una de las firmas con mayor penetración en el mercado de televisión por cable, del dicho al hecho podría haber un obstáculo.
Hete aquí que la condición impuesta a la empresa de Emilio Azcárraga Jean fue que no condicionara la venta de contenidos de televisión abierta a ningún competidor... exactamente lo que sucede con Dish.
Como usted sabe, la firma que administra la cadena MVS y comercializa Teléfonos de México no ofrece en su servicio la posibilidad de los canales de Televisa, al no aceptar las condiciones impuestas por la televisora.
El detallito, pues, podría cortarle las alas a la compañía de Emilio Azcárraga Jean.
NACIÓ MUERTA
Desdeñada por los priístas y repudiada por la mayoría de los perredistas, la iniciativa panista de privatizar algunas de las tareas reservadas por la Constitución a Petróleos Mexicanos, entre ellas la refinación de petróleo y la distribución de los combustibles, nació muerta.
Como usted sabe, la modificación reclamaba a los artículos 27 y 28 de la Constitución requiere del sí de una mayoría calificada, es decir, dos tercios de los integrantes de ambas cámaras legislativas.
Lo grave del caso es que se está acusando a la paraestatal de que en afán de tenderle la alfombra a la propuesta, está dejando de refinar 300 mil barriles de petróleo diarios.
La intención, naturalmente, es desgarrarse las vestiduras ante lo que se califica de "alarmantes incrementos en las importaciones de gasolina".
