Llegan cuerpos. Un tráiler frigorífico con 70 cadáveres hallados en Tamaulipas llegó al Servicio Médico Forense de la Ciudad de México. EL UNIVERSAL
La muerte de un número indeterminado de personas, migrantes muchos de ellos, de los cuales se han encontrado 145 cuerpos, pues el número no deja de crecer, es la muestra de la omisión en que han incurrido los tres niveles de gobierno en San Fernando ,Tamaulipas.
El camino que lleva de Ciudad Victoria a Matamoros, se ha convertido desde hace mucho tiempo en un lugar donde el delito ha mutado. Grupos delictivos, principalmente el de "Los Zetas", han aprovechado al alto flujo migratorio de la zona para diversificar su negocio.
Emilio Álvarez Icaza, consultor en derechos humanos y académico, asegura que el fenómeno de la trata de personas, de la trata de migrantes, está siendo tan redituable como el de tráfico de drogas o de armas para la delincuencia organizada.
Asegura que los hechos recientes son una muestra de que la impunidad empodera a la delincuencia. En agosto del 2010 el hallazgo de 72 cadáveres de migrantes centroamericanos debió constituir un motivo para cambiar la estrategia del Gobierno Federal en el combate contra el crimen. "Como no se atiende en su momento estamos llegando a niveles de brutalidad y este tipo de hechos hacen pedazos la autoridad moral de México para defender a los migrantes mexicanos en Estados Unidos".
Organismos internacionales aseguran que la situación que vive en el país está llegando a niveles preocupantes. Alberto Herrera, Director Amnistía Internacional México destaca que aunque haya 17 civiles y 16 policías municipales detenidos por su relación con la masacre, aun es necesario que las autoridades demuestren una verdadera aplicación de la justicia. Asegura que en la medida en que "continúen mostrando la incapacidad que han mostrado al día de hoy para llevar a los responsables ante la justicia, se estará enviando un mensaje institucionalizado no solamente a la población en su conjunto sino a las bandas del crimen organizado en el sentido de que este tipo de delitos se puede cometer una y otra vez en nuestro país".
Álvarez Icaza destaca las personas asesinadas en San Fernando son producto de secuestros y extorsiones por las que se exigió un rescate y en algunos casos se pagó desde Centroamérica o algunas ciudades de Estados Unidos, por lo tanto la forma de atacar el problema está también en la Inteligencia financiera.
Amnistía Internacional tiene otra visión y asegura que el problema es de impunidad y complicidad entre autoridades y delincuentes. Destaca que el verdadero eje del combate debe pasar por garantizar la aplicación de la justicia. Alberto Herrera apunta que "el tema de la impunidad tiene que ver cómo el Estado se ubica frente a la población en un clima de descomposición social como lo que estamos viendo en este momento, son escenas de violencia extrema que de una u otra manera al no llevar a los responsables ante tribunales se envía el mensaje de que esto se puede hacer una y otra vez".
EN TAMAULIPAS LA SITUACIÓN NO ES NUEVA El sector empresarial empezó a reportar desde hace más de 7 años anomalías y extorsiones de la delincuencia organizada. María Elena Morera, presidenta de "Causa en Común", asegura que la exigencia del pago de derecho de piso a comerciantes de Tampico fue el principio. "Yo me iría desde el gobernador anterior, Eugenio Hernández Flores, que fue completamente omiso y que permitió que todo mundo se instalara en ese estado y que no pasara nada, yo no puedo decir que estuvieran involucrados, pero omisos sí. Por lo menos debería haber un juicio penal".
