La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción con el fin de conocer el amparo que promovieron dos familiares del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon para impugnar la negativa del juez que lleva su proceso, para que puedan enfrentar el juicio que se les sigue, en libertad.
Zhu Wei Yi y Tomintat Marx Yu están acusados de pertenecer a la red internacional de tráfico de metanfetaminas que encabezaba Ye Gon, a quien se le decomisaron alrededor de 207 millones de dólares en marzo de 2007, y promovieron un amparo en contra de la negativa del juez de sustituir la pena de prisión preventiva en su juicio.
Por mayoría de votos, la primera sala de la Corte decidió que el caso reúne los requisitos de interés y trascendencia para ser resuelto por el máximo tribunal.
De acuerdo con la resolución, los quejosos argumentan que las normas internacionales señalan que la privación de la libertad del inculpado sólo puede fundarse en un fin legítimo, como el de asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni evadirá la acción de la justicia.
En este caso, el Ministerio Público de la Federación inicia una averiguación en contra de los dos promoventes por delincuencia organizada y delitos contra la salud.
El juez del casó libró orden de aprehensión con base en la cual los dos acusados fueron internados en un Centro Federal de Readaptación Social, resolución contra la cual interpusieron diversos recursos y amparos, el último en contra del juez que les negó sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar que les permitirá enfrentar el proceso en libertad.
La sala, con el voto en contra del ministro Guillermo Ortiz, resolvió atraer el asunto para estar en posibilidad de analizar el tema de la prisión preventiva en el plano de los valores sociales, políticos y de convivencia en el estado mexicano.
Los ministros consideraron que el caso podría permitir a la Corte fijar criterios normativos de alto impacto, no sólo para este caso concreto, sino para los que están en trámite y otros futuros.
La resolución se tomó también con fundamento en la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, que protege los derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales, de los que México forma parte.
