La Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Nuevo León se enfrentaron ayer por la responsabilidad en torno al peritaje del incendio en el casino Royale, donde el 25 de agosto pasado murieron 52 personas.
En un comunicado, la PGR, que encabeza Marisela Morales, respondió a las declaraciones del vocero de Seguridad de Nuevo León, Jorge Domene, quien afirmó que las autoridades locales estaban al margen de la investigación en materia pericial, y que incluso no tenían acceso a las instalaciones de la casa de apuestas.
El vocero aseguró que tras el ataque al Casino Royale se acordó que la autoridad federal elaboraría el peritaje de protección civil, pues para ello trasladó a sus peritos.
La PGR dio a conocer que la casa de apuestas "no cumple con las condiciones de seguridad acordes a la Normatividad en Materia de Seguridad Industrial y Protección Civil...", y aseguró que el peritaje estará a disposición de la autoridad ministerial de Nuevo León "cuando así lo requiera".
La PGR reiteró que a la Procuraduría de Nuevo León le corresponderá determinar "las causas y factores que influyen en el incendio, así como cuál fue la razón determinante de los homicidios, lesiones y daño en propiedad ajena; y la realización de los dictámenes de seguridad industrial, protección civil, ingeniería civil y arquitectura".
La dependencia federal aseguró que la institución actúa en colaboración con la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, y que el Ministerio Público de la Federación recabó peritajes en la especialidad de seguridad industrial y protección civil, que constan en la indagatoria y estarán a disposición de la autoridad ministerial nuevoleonense.
En Monterrey, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz aseguró que, de corresponder al gobierno de Nuevo León, la realización de dichos peritajes, "no le sacarán la vuelta".
Visiblemente molesto, el mandatario dijo: "No le sacamos la vuelta; si somos nosotros, nosotros lo resolvemos, pero ya habríamos acabado desde hace mucho".
Advirtió que esas declaraciones, de las que no ha recibido notificación alguna, causan sorpresa entre gobierno, sociedad y especialmente los familiares de las víctimas del Royale.
Consignan a 10
Los diez detenidos por su participación en el ataque al Casino Royale el 25 de agosto, donde murieron 52 personas, ya fueron consignados ante un juez penal a quien el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión.
Fuentes oficiales aseguraron que la averiguación fue consignada ayer ante un juez penal de Monterrey para que emitiera una orden de aprehensión por el multihomicidio.
Cinco están arraigados desde el 30 de agosto, y el 28 de septiembre se concedió al Ministerio Público la ampliación del arraigo y ayer trascendió que fueron consignados por lo que en las próximas horas se les levantaría el arraigo y se les ejecutaría una orden de aprehensión.
También fueron consignados ante un juez otros tres implicados. Los ocho están arraigados en la Policía Ministerial y están en espera de ser trasladados a un penal estatal.
