Suspenden clases. En la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río se desató una histeria colectiva -fomentada en redes sociales- y decenas de padres de familia acudieron a las escuelas a recoger a sus hijos ante el temor de supuestas amenazas del crimen organizado de atacar escuelas.
Autoridades ministeriales de Veracruz detuvieron a dos personas, presuntamente sospechosas de haber generado rumores sobre ataques del narcotráfico a escuelas, e iniciaron una investigación por el delito de terrorismo.
De acuerdo con fuentes gubernamentales, tras el temor generado en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, ante rumores sobre ataques a estudiantes y escuelas, la Procuraduría General de Justicia abrió la averiguación previa 340/2011 por el delito de terrorismo tipificado en el Código Penal del Estado de Veracruz.
El área de la Policía Cibernética ubicó a dos presuntos sospechosos de haber generado esos rumores, los cuales fueron detenidos y anoche rendían su declaración ante el Ministerio Público.
Durante toda la mañana de ayer jueves en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río se desató una histeria colectiva -fomentada en redes sociales- y decenas de padres de familia acudieron a las escuelas a recoger a sus hijos ante el temor de supuestas amenazas del narco de atacar escuelas. En colegios públicos y privados se impidió que los alumnos salieran de sus instalaciones y se llamó a los padres de familia para que fueron a recogerlos, lo que derivó en un severo problema por la psicosis. De acuerdo con las indagatorias, los rumores fueron esparcidos luego que un automóvil Volkswagen se incendió a las afueras de una escuela, lo cual fue aprovechado para asegurar que había sido atacado con un granadazo. Los detenidos son investigados por su presunta participación en la comisión del delito de terrorismo, establecido en el artículo 311 del Código Penal del Estado de Veracruz que establece:
"A quien utilizando explosivos, substancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a ésta para que tome una determinación, se le impondrán de tres a treinta años de prisión, multa hasta de setecientos cincuenta días de salario y suspensión de derechos políticos hasta por cinco años".
El gobernador Javier Duarte de Ochoa hizo un llamado a los padres de familia para mantener la cordura y hacer caso omiso a estas versiones falsas.
"Estoy impresionado. Con respeto a la libertad de expresión, al uso de las redes sociales, yo les digo a los padres de familia que antes de tomar una decisión o de hacer algo verifiquen la seriedad de la fuente", demandó.
