Las alcaldías a las que se les suspendió la segunda ministración del apoyo federal anticrimen por incumplimiento de obligaciones, comenzaron a regularizar su situación ante el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Según informó el órgano de la Secretaría de Gobernación, 37 de los 162 municipios sancionados ya entregaron la documentación respectiva a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SNSP, a fin de acreditar el cumplimiento de la Ley General del SNSP y las Reglas de Operación del fondo.
"Desde este martes los funcionarios del organismo federal se han dado a la tarea de atender y asesorar a los ayuntamientos con faltantes, y estimaron que antes de que concluya la semana podría quedar regularizada la situación de al menos 50 de ellos", indicó el SNSP en un comunicado.
Los municipios en esta condición son León, Guanajuato; Puebla, Puebla; Hermosillo, Sonora; Guadalupe, Nuevo León; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Mazatlán y Guamúchil, Sinaloa; Ensenada, Baja California; Centro, Tabasco; Ocosingo, Chiapas; Tepeji del Río, Hidalgo; Álvaro Obregón, DF; Salina Cruz, Oaxaca; Carmen, Campeche; Cuautla y Jiutepec, Morelos.
También Nuevo Laredo, Río Bravo, Ciudad Victoria, Altamira, Tamaulipas, El Mante y Ciudad Madero, en Tamaulipas; Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, Zacatecas; Córdoba, Acayucan, Poza Rica y Álamo Temapache, Veracruz; Chicoloapan, Tenancingo, Texcoco y Toluca, Estado de México; Calvillo, Aguascalientes; Apizaco, Tlaxcala, y Solidaridad, Quintana Roo.
El SNSP también anunció que en las próximas horas concretarán la transferencia de la segunda partida presupuestal del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun) para Ciudad Juárez, por 28.5 millones de pesos.
José Luis Colina Ibarra, director de Vinculación y Seguimiento del SNSP, indicó que si bien algunos ayuntamientos presentaron un retraso considerable en su nivel de cumplimiento, para muchos otros la regularización será relativamente rápida y sencilla, pues sólo omitieron enviar algún documento para comprobar oficialmente que llevaron a cabo las acciones que dicta la normatividad.
