El Senado de la República aprobó una reforma para garantizar por ley el incremento de órganos necesarios para cubrir la demanda de trasplantes, así como la regulación de estos trámites para asegurar la transparencia.
El pleno aprobó el decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, con 88 votos a favor, y pasó al Ejecutivo federal para sus efectos legales.
La reforma establece la naturaleza del consentimiento tácito, es decir si el donante no manifestó en vida su negativa, se podrán utilizar sus órganos para trasplante siempre y cuando lo autorice un miembro de su familia.
El nuevo ordenamiento impone sanciones a quienes promuevan el mercado negro y el tráfico de órganos; se impondrán de seis a 17 años de prisión y multa de 8 mil a 17 mil días de salario mínimo general vigente, equivalente a 478 mil 400 pesos y un millón 16 mil 600 pesos, en la zona A, a quien ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos, o los comercialice.
También serán sancionados quienes hagan un trasplante sin atender el orden establecido, quienes promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la procuración ilegal de órganos, tejidos y células o el trasplante de los mismos, y también al receptor del órgano que consienta la realización del trasplante conociendo su origen ilícito, o a quien trasplante un órgano o tejido cuando el receptor y/o donador sean extranjeros, sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto.
En estos últimos casos, se aplicarán además de cinco a 10 años de prisión, y en caso de que intervengan profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les suspenderá de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más en caso de reincidencia.
