Litigio. Una de las multas más altas fue la impuesta a Rogelio Montemayor (saludando a Moreira), que sigue en litigio en un juzgado.
La Secretaría de la Función Pública sólo ha logrado recuperar 76 millones de pesos, de los más de 48 mil millones de pesos que se han impuesto como multas a servidores públicos que hacen mal uso del erario.
Desde 1991 y hasta 2010, según datos del mismo Servicio de Administración Tributaria (SAT), los montos que debieron devolverse a la Federación a través de los créditos fiscales por concepto de pliegos administrativos, requerimientos, sanciones económicas y multas administrativas, eran por 48 mil millones de pesos.
Sin embargo, sólo se habían recuperado menos de 76 millones de pesos en todos esos años. Cantidad por debajo de lo que recupera la Auditoría Superior de la Federación.
Una de las multas más altas fue la impuesta contra Rogelio Montemayor (mil 421 millones), la cual sigue en litigio en un juzgado.
Y así como el caso del exdirector de Pemex se halla el de miles de servidores que se amparan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) o un juzgado.
Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, aseguró que estos cobros no se logran hacer a tiempo, pues los litigios son muy largos y pueden durar más de cinco años.
La SFP tiene más de 40 mil millones de pesos sin cobrar desde 1991 a la fecha, de acuerdo con datos públicos dados a conocer en varias solicitudes de información.
"No tenemos por el momento el porcentaje de recuperación", explicó Vega Casillas en noviembre pasado, al ser cuestionado sobre el tema, ya que en esas fechas, Transparencia Internacional daba a conocer su reporte en el que México seguía siendo percibido por empresarios extranjeros e inversionistas como uno de los países en los que aún prevalece la corrupción para llevar a cabo un trato económico, comercial o financiero.
"El proceso para hacer efectivas las multas que imponemos, es largo porque en muchas ocasiones se van al tribunal. Ganamos más de 90%, pero tiene que hacerse firme el crédito fiscal que es lo que hace el SAT para poderlo recuperar. Es difícil la recuperación inmediata, pero sí hay certeza de que se recuperan estos recursos".
Hasta ahora, de acuerdo a cifras de la propia dependencia, hay 2 mil 765 denunciados penalmente por corrupción en lo que va del actual sexenio.
Los funcionarios son multados por haber pasado por alto una circular que originó un posible quebranto a los recursos de la dependencia hasta un soborno recibido por una empresa privada o posibles actos de corrupción, violación a reglamentos y normas o leyes como la de Adquisiciones.
La lista de exfuncionarios públicos es muy larga. Son en total, según el portal de la Procuraduría Administrativa, 4 mil 435 servidores públicos inhabilitados y la mayoría pertenece al gobierno federal.
Uno de los pendientes es la aprobación de la Ley Anticorrupción en la Cámara de Diputados -la cual permitiría evitar sobornos y corrupción de empresas hacia funcionarios públicos-, y acelerar el gobierno federal sus procesos internos e informáticos para dar a conocer a los funcionarios sancionados.
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