La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la PGR, tendrá la facultad de solicitar a jueces especializados la intervención de líneas telefónicas privadas de acuerdo con los delitos relacionados con la delincuencia organizada.
Así lo establece el Acuerdo A/056/11 emitido por la Procuraduría General de la República (PGR) que se publica este jueves en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Acuerdo A/181/10, en el que se establecían disposiciones en materia de
intervención de comunicaciones privadas, así como para el trámite de las solicitudes de datos e información de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
El acuerdo -que entrará en vigor aproximadamente en un mes- establece que se delegará en los agentes del Ministerio Público de la Federación, a través de la SIEDO, por conducto del Cuerpo Técnico de Control, tendrá la facultad de solicitar la información y asistencia técnica a que se refieren delincuencia relacionados con la delincuencia organizada como secuestro, tráfico de drogas, el terrorismo, el tráfico de personas, la corrupción de menores, entre otros.
Lo anterior, sin perjuicio de poder solicitar el apoyo para la ejecución de la intervención de comunicaciones privadas a otras dependencias de la Administración Pública Federal o entidades federativas.
El CENAPI, quien se encargaba de solicitar las intervenciones a un juez especializado, sólo tendrá facultades para gestionar las solicitudes de información y asistencia técnica a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y las comercializadoras de servicios de telecomunicaciones, en los casos de los delitos graves que no sean competencia de la SIEDO.
"Los agentes del Ministerio Público que consideren necesaria la intervención de comunicaciones privadas para la debida integración de las averiguaciones previas a su cargo, instruidas por delitos graves de competencia federal, o tratándose de los delitos en materia de secuestro, solicitarán por escrito a los titulares de las unidades administrativas, que presenten la solicitud correspondiente ante la autoridad judicial federal competente.
La solicitud deberá contener el acuerdo del agente del Ministerio Público de la Federación en el que funde y motive su procedencia y la indicación del tipo de comunicaciones materia de la intervención, los sujetos y lugares a intervenir y el periodo que abarcará la intervención
y, en su caso, las líneas, aparatos, números, y los demás datos que resulten necesarios.
