En México, las procuradurías estatales no han dado curso a más de 800 mil órdenes de aprehensión, reaprehensión o mandatos de presentación judiciales, lo que se suma a los subejercicios que anualmente se reportan en el presupuesto de seguridad, de hasta 65%.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó ayer solicitarle al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) un informe de los 31 gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal sobre las razones por las que sus procuradurías no ejecutan las órdenes de aprehensión y no utilizan los recursos de seguridad al 100%.
Según datos del propio CNSP, al cierre de 2010 hay un rezago de ejecución de 589 mil 86 órdenes de aprehensión, 120 mil 481 de reaprehensión y 60 mil 32 mandamientos judiciales no clasificados.
El vicecoordinador jurídico del PAN en San Lázaro y secretario de la Comisión de Justicia, Óscar Arce, aseguró que no puede aceptarse que a nivel local no se cumpla con las resoluciones judiciales y que los casos se cancelen o prescriban.
Afirmó que hay desdén de las procuradurías estatales para cumplir con la detención de miles de delincuentes que ya fueron identificados y señalados en reportes judiciales. "La actitud de las autoridades locales raya en la complicidad", dijo.
