La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó hoy al Senado de México a que apruebe una reforma constitucional que permita denunciar ante la jurisdicción federal los crímenes contra periodistas y los delitos contra la libertad de expresión.
La reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados el 11 de noviembre y la SIP expresó su satisfacción al respecto por considerar que será una importante herramienta judicial.
El presidente de la SIP, Milton Coleman, del periódico The Washington Post, saludó en un comunicado la "muy buena y ansiada noticia de este cambio largamente esperado por la comunidad nacional e internacional".
Resaltó que la reforma "permitirá que en México se pueda combatir con mejores armas legales la violencia que afecta a periodistas y ciudadanos que quieren expresar sus opiniones".
La reforma para que los delitos contra la libertad de expresión puedan ser presentados ante la Justicia federal se incluyó en una adición al artículo 73, Fracción XXI, de la Constitución Federal de México, según detalló la SIP.
El texto especifica que "las autoridades federales podrán conocer también los delitos de fuero común cuando éstos tengan conexión con delitos federales o delitos contra los periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión e imprenta".
La reforma, que recibió el respaldo de 362 diputados y tuvo dos abstenciones, fue enviada al Senado para su aprobación.
Para entrar en vigencia y por tratarse de una reforma constitucional, indicó la SIP, como mínimo deberá ser aprobada por la mitad más una (16) de las legislaturas de los estados.
El presidente de la Comisión de la SIP Contra la Impunidad, Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente del diario mexicano El Universal, celebró que "se haya saldado esta cuenta pendiente" en el país, "especialmente porque podrá haber más esperanza de justicia para todos aquellos casos de periodistas asesinados en el interior" de México, donde, señaló, la actividad del reportero "es mucho más vulnerable".
Los directivos de la SIP recordaron que la "federalización" de los delitos contra la libertad de información y de prensa es un tema que esa organización puso en la agenda pública en 1997.
"Desde entonces -dijeron- insistimos a los poderes públicos de México, en especial en numerosas visitas a los legisladores de todos los partidos en el Congreso, a los expresidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox, así como fue un tema recurrente con el presidente Felipe Calderón y en numerosos foros de editores y periodistas que realizamos en el país".
Gustavo Mohme, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del periódico peruano La República, especificó que la organización con sede en Miami también reclama "la no prescripción de los crímenes contra periodistas".
"La aprobación en (la Cámara de) Diputados -agregó Mohme- es sin duda una buena noticia para México pero también una excelente señal para el resto de América, pues orienta los esfuerzos que despliegan los periodistas en busca de mejores condiciones para el ejercicio de su profesión".
Según cifras de la SIP, desde 2005 a la fecha han sido asesinados 46 periodistas en México y 18 permanecen desaparecidos.
